Desde la cooperativa se explicó que “con esta acción, el gobierno pone en situación de riesgo a una cooperativa nacida en 1960 para brindar electrificación rural, que a lo largo de su historia fue incorporando prestaciones para su comunidad, entre ellas, agua potable, cloacas, gas envasado, sepelio y agua envasada. Cooperativa que -además- acompañó el crecimiento de Gobernador Virasoro llevando la energía a cada rincón del área de concesión, con 3.000 kilómetros de líneas eléctricas tendidas, más de 1.500 transformadores de propiedad de los socios, mantenidas con recursos propios, que llegan a las localidades de Ituzaingó, San Carlos, Liebig, Garruchos, Garabí, Santo Tomé y Paraje San Justo.
La cooperativa está afectada por el decreto 3253/16, firmado por el exgobernador Horacio Ricardo Colombi, que determina el cese de la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica por parte de la cooperativa y lo traspasa a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes. La entidad tiene la propiedad del 85 por ciento de las líneas instaladas en el área de concesión y el otro 15 le pertenece al Estado de Corrientes. En el año 2000 el servicio en la región era deficitario, había 700 usuarios y ninguna industria; 17 años después, esta zona tiene un crecimiento productivo con más de 3.000 usuarios y casi 70 industrias. La ecuación económica ha cambiado, entonces, lo que ahora pretende el gobierno es imponer el traspaso de la zona productiva y dejarle a la cooperativa las zonas marginales.
El gerente, Gonzalo Cabral, explicó que “la pérdida de la concesión de las líneas significaría la pérdida del 70 % de los ingresos generando la quiebra de la institución, poniendo en riesgo el resto de las prestaciones.
Asimismo contó que desde diversas instituciones se solicitó al Gobierno de Corrientes “revisar la decisión administrativa de tomar posesión de las líneas, respetar el proceso judicial en curso y fundamentalmente abrir una instancia de diálogo que busque preservar el interés de los socios/usuarios y fortalecer el camino participativo, de autogestión y democrático que propone el cooperativismo”.
La Cooperativa de Servicios Públicos de Gobernador Virasoro tiene más de 11.000 socios/usuarios y genera 93 puestos de trabajo directos. Ese entramado humano, económico y social, corre peligro hoy por una medida injusta e ilegal del gobierno provincial”, sentenciaron desde la entidad.
Fuente: Enfoque Misiones
