Después de diez años el Gobierno reglamentó la posibilidad de que los usuarios de telefonía celular puedan cambiar de proveedor sin perder su número telefónico. La resolución fue firmada por el secretario de Comunicaciones, Lisandro Salas, y estipula que la adaptación al sistema demandará al menos un año, con un costo aproximado de 40 millones de dólares que deberá ser absorbido por las empresas licenciatarias (Movistar, Personal y Claro, entre otras).
“Esto no es ni más ni menos que el derecho del usuario a mantener su número telefónico, un derecho que ya estaba contemplado en el marco regulatorio y en el decreto 764”, afirmó Salas a través de un comunicado.
La portabilidad fue fijada a partir del decreto 764/2000 que dio origen a la desregulación del mercado de las telecomunicaciones. En todos estos años la posibilidad de cambiar de proveedor sin perder el número fue un tema tabú tanto para las empresas como para el Estado. Lo resuelto esta semana surgió tras varias intimaciones de la Justicia y luego de que el Gobierno desistiera de intentar cambiar la composición accionaria de Telecom, por el eventual monopolio en el mercado que supondría su actual relación societaria con Telefónica.
Consultado por Sitiocooperativo Antonio Roncoroni, presidente de Fecosur, se manifestó a favor de la portabilidad numérica. Esto para nosotros “es una oportunidad” pero también “implica una responsabilidad porque el que use un celular Nuestro también se va a poder llevar la numeración para otra empresa si la atención que le damos no es satisfactoria”.
La Federación de Cooperativas Telefónicas del Sur (Fecosur) presentó oficialmente el pasado 29 de julio la primar empresa cooperativa de telefonía celular del país que ya tiene “200 celulares funcionando en Villa Gesell”, dice Roncoroni. “Para un proyecto chico como Nuestro, en un mercado saturado de celulares, esto pasa a ser una oportunidad”, remarcó el dirigente.
La portabilidad numérica les permitirá a los clientes de una determinada compañía cambiar de prestador sin perder su número. La inexistencia de este derecho fue un elemento central para que las principales empresas (Movistar, Personal y Claro) mantuvieran a sus clientes cautivos. Una de las consecuencias de esta medida podría ser una competencia de precios entre las empresas para captar clientes de otras.
Roncoroni no cree que las compañías estén “demasiado preocupadas” por esta reglamentación porque tienen una porción del mercado importante. La portabilidad numérica donde se ha dado “provoca idas y vueltas con los usuarios pero no altera, en términos generales, las porciones de mercado que tiene cada compañía”.
Durante nueve años, los sucesivos gobiernos no hicieron mucho por la portabilidad. Recién en enero de 2009 la Secretaría de Comunicaciones ordenó la creación de una comisión de trabajo ad hoc, con el fin de elaborar un anteproyecto para el régimen de portabilidad. Sin embargo, la Justicia apuró los tiempos. El 26 de marzo de 2009, el juez en lo Contencioso-Administrativo Enrique Lavié Pico le ordenó al Gobierno que dispusiera en no más de 90 días la posibilidad de cambiar de proveedores sin perder el número.
El magistrado había tomado esa decisión al aceptar una acción de amparo colectiva promovida por la Unión de Usuarios y Consumidores.
El tema de la portabilidad arrastra un largo conflicto de denuncias de monopolio realizadas desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Roncoroni se muestra optimista con esta reglamentación y no cree que haya que mirar el tiempo que pasó sino “que en este caso el Gobierno está cumpliendo con una demanda de la sociedad”, dijo a Sitiocooperativo.
