La Coalición por una Radiodifusión Democrática está realizando encuentros en distintos puntos del país para explicar los alcances del trámite que deben efectuar todos los medios relacionado con el censo convocado por Afsca.
El objetivo de los encuentros es a los fines de facilitar información para la inscripción en el relevamiento de licencias, autorizaciones, permisos precarios y provisorios, correspondientes a servicios de radiodifusión sonora (AM y FM) y televisión abierta. Hasta el momento hubo dos reuniones, una Córdoba el jueves 11 y otra en Santa Fe el sábado 13 de febrero.
“Estos censos no tienen otro objetivo que intentar conocer cuál es la cantidad de radiodifusores que se encuentran operando en el país. Como lo hemos expresado siempre, el objetivo de la ley está lejos de ser restrictivo, pero esto no significa no cumplir con determinadas normas que hacen a la legalidad de todo el proceso”, explicó Eduardo Seminara miembro de la Autoridad Federal de Aplicación y vice-rector de la Universidad Nacional de Rosario.
Tras el relevamiento, se conformará el Registro Público de Licencias y Autorizaciones. Así, con todos identificados, explicó Néstor Busso, “podemos asegurar la transparencia”.
También se remarcó en los encuentros que todos los trámites relacionados con el censo son gratuitos y que no es necesaria la intervención de gestores o estudios jurídicos. Los formularios se encuentran disponibles en la página web de la Autoridad Federal de Aplicación y se pueden presentar en cualquier delegación del antiguo Comfer.
Acciones judiciales
Según pudo confirmar este medio ante la Autoridad Federal, el censo está en plena vigencia ya que fue resuelto antes de que tuviera efectos la medida cautelar dispuesta por la justicia federal de Mendoza.
Sobre las acciones judiciales interpuestas por distintos grupos empresarios y actores políticos contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que suspendieron las atribuciones de la Autoridad Federal de Aplicación para hacer todo tipo de trámite o gestión, Eduardo Seminara dijo “Esta jueza mendocina ya tenía antecedentes de fallar contra la radiodifusión pública y contra el estado nacional, impidiendo, por ejemplo, la instalación de una antena de transmisión de Canal 7 en su provincia”, dijo el funcionario.
Al respecto Seminara explicó que la semana pasada, el gobierno nacional a través del procurador General de la Nación, presentó su apelación en el juzgado mendocino. “Nuestro descargo tiene dos partes. Una es de índole política jurídica donde defendemos el derecho de la ciudadanía en todo lo referido a temas de comunicación plantea la nueva ley. La otra parte se refiere a técnica parlamentaria, donde refutamos las objeciones sobre el modo en que se aprobó la ley en el Congreso”.
Se estima que en las próximas semanas el caso podría llegar a la Cámara de Apelaciones de Mendoza, y eventualmente, a la Corte Suprema nacional.
