Por Gabriel Sued | Politólogo y periodista acreditado en el Congreso de la Nación
Se demostró en diciembre del año pasado, con la aprobación de la reforma previsional; se confirmó en mayo, con el proyecto para frenar el aumento de tarifas, y quedará ratificado a partir de septiembre, con la discusión del Presupuesto 2019: la postura de los gobernadores de la oposición resulta determinante para la definición de las votaciones en el Congreso.
Lo saben en la Casa Rosada, por eso el presidente Mauricio Macri se puso como objetivo primordial recomponer el vínculo, después del veto a la ley que limitaba los incrementos tarifarios. Son conscientes los mandatarios, que usarán ese poder para negociar en mejores términos los recortes que, tras el inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció el Gobierno nacional en transferencias no automáticas a las provincias.
El poder de los gobernadores en general -y el de los del peronismo en particular- quedó fortalecido luego de las elecciones legislativas del año pasado. Fueron los primeros comicios en muchos años en los que las listas del peronismo se confeccionaron de manera exclusiva en las provincias, sin injerencia de Néstor Kirchner ni de Cristina Kirchner en el manejo de la lapicera.
De esa manera, los mandatarios se quedaron desde el año pasado con el papel de árbitro entre el oficialismo y el kirchnerismo, un rol que hasta diciembre de 2017 había ejercido el Frente Renovador, de Sergio Massa.
Con presencia en varias bancadas, la mayoría de los diputados y senadores que responden a los gobernadores peronistas integran el Bloque Justicialista, un espacio que en el Senado preside Miguel Pichetto y en Diputados Pablo Kosiner, dirigente cercano al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Tiene, respectivamente, 24 integrantes, sobre un total de 72 senadores, y 33 bancas, de un total de 257 diputados. A eso hay que sumar otras bancadas que no integran ese espacio pero que también responden a un mandatario, como el Frente Cívico por Santiago, del gobernador Gerardo Zamora, y Unidad Justicialista, de los hermanos Rodríguez Saá.
Si se mira el resultado de las últimas votaciones importantes se verá, sin embargo, que los gobernadores no actúan en bloque y que en la mayoría de las ocasiones ejercen su poder en el Congreso de manera ambigua. Una demostración clara fue la sesión del Senado en la que se aprobó por 37 votos a 30 el proyecto de ley para atenuar los aumentos de tarifas. De los 19 gobernadores opositores, entre peronistas y de fuerzas provinciales, sólo dos, Urtubey (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), jugaron sin dobleces a favor de la Casa Rosada.
Este último, invitado a varias giras presidenciales, encabeza la lista de mandatarios opositores leales a la Casa Rosada. Todos sus legisladores apoyaron sin reservas la reforma previsional de diciembre pasado. En ese momento, el Gobierno nacional también obtuvo el respaldo total de Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Lucía Corpacci (Catamarca), y Omar Gutiérrez (Neuquén).
Con la excepción de Passalacqua, el resto sólo apoyó parcialmente al oficialismo en la discusión de tarifas, aportando ausencias o sólo parte de los votos. La posición de Urtubey también es ambigua. Los diputados por Salta tuvieron un papel protagónico en la aprobación del freno al tarifazo.
Amigos y enemigos
Hugo Passalacqua (Misiones) es el gobernador de la oposición que mejor relación tiene con el Gobierno nacional.
También tienen una relación cordial Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Schiaretti (Córdoba) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego).
En la vereda de enfrente se ubican Carlos Verna (La Pampa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
El Gobierno necesita un acuerdo con algunos de los mandatarios para aprobar leyes importantes hasta fin de año.
Un caso emblemático en el doble juego de los mandatarios es el del santiagueño Zamora. En la votación de tarifas aportó la ausencia de Blanca Porcel. Sin embargo, los otros dos senadores que también le responden, Ada Itúrrez y Gerardo Montenegro, votaron a favor de la iniciativa. Algo parecido ocurrió con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que aportó la ausencia de Cristina López Valverde, pero no pudo evitar el apoyo al proyecto de parte de su hermano, el senador Rubén Uñac.
Ante los cuestionamientos de los funcionarios de la Casa Rosada, que señalaron que buena parte de los gobernadores se había manifestado en público en contra del proyecto, los jefes provinciales argumentaron que los legisladores no les responden de manera automática. Limitación genuina en algunos casos, en otros es sólo una forma de camuflar un doble juego, que intenta conformar a la vez las exigencias políticas del Gobierno nacional y de un sector del electorado, disconforme con la gestión de Cambiemos.
El vínculo entre el presidente y los mandatarios quedará de nuevo en el centro de la escena en la segunda mitad del año legislativo. En minoría en las dos cámaras, el oficialismo necesita del auxilio del peronismo no kirchnerista para sancionar el Presupuesto 2019. Se trata del desafío legislativo más importante para Cambiemos en lo que resta del año. En ese proyecto estará contemplado el recorte de gastos que exige el FMI.
Los negociadores del oficialismo enfrentarán la difícil tarea de convencer a los gobernadores (y a sus legisladores) de que deben hacerse cargo de parte del ajuste que reclama el Fondo. Un marcado cambio de escenario respecto de lo que pasaba hasta el año pasado, cuando las tratativas con el Gobierno nacional podían resumirse como entrega de fondos a cambio de votos en el Congreso.
En la Casa Rosada creen que mantienen un margen de maniobra aceptable. La ausencia de una conducción unificada de la oposición habilita negociaciones por separado. El oficialismo no necesita un acuerdo con todos los gobernadores para sancionar las leyes que impulsa el Poder Ejecutivo. Le basta con obtener el respaldo de algunos mandatarios.
¿Qué puede ofrecer el Ejecutivo en este contexto de escasez? En primer lugar, los fondos para obras públicas que surgen de partidas no automáticas, es decir, por fuera de los recursos coparticipables. En segundo lugar, las autorizaciones de endeudamiento externo, a las que muchas provincias acudieron durante los primeros dos años de gestión de Cambiemos.
Otro recurso no menor para la negociación con los gobernadores del peronismo tiene que ver con el armado de las candidaturas locales, de cara a las elecciones del año que viene. En la Casa Rosada creen que puede haber algún punto de acuerdo con gobernadores del PJ que, al igual que Macri, necesiten de un escenario económico y social tranquilo para obtener su reelección. En esa lista figuran Uñac, Bordet, Domingo Peppo (Chaco), Sergio Casas (La Rioja) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego), entre otros.
