Tras la reunión de Gabinete del martes, el saliente ministro de Defensa, Julio Martínez, confirmó que Aguad asumirá su cartera. En tanto, el Ministerio de Comunicaciones, a un año y medio de su creación, pasa a la órbita de Modernización a cargo de Andrés Ibarra.
La cartera que condujo Oscar Aguad fue la encargada de anular los artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de prometer el envío de un nuevo proyecto al Congreso. El cordobés se va sin haber presentado el texto de un nuevo marco legal.
Al respecto, Martín Becerra - docente e investigador del Conicet - dijo en el programa Con el pie izquierdo, de Radio Sur: “que el encuadre institucional sea un Ministerio de Comunicaciones o de Modernización o de la nada misma, en sustancia no altera el eje de la política que la marcan los principales intereses concentrados”.
Es cierto que puede no ser una buena noticia para los sectores comunitarios o las cooperativas, señaló, en tanto se perdería la capacidad de intervención de aquellos funcionarios de línea “sobre todo el sector audiovisual”, explicó. “Insisto, no lo veo como algo tremendo porque de por sí las políticas en este sentido son muy claras, no tengo esperanza de que se beneficie al interés público. De hecho, en este año y medio donde la creación del Ministerio de Comunicaciones prometía inversiones, competencia y defensa del interés público que no se dieron “.
Para este Gobierno, señaló el especialista, “las comunicaciones vienen a ser algo así como la conectividad y el transporte, pero la producción de contenidos no es algo que les genere un mínimo interés porque para ellos es un tema de los grandes sectores industriales, no es objeto de generación de políticas”.
Sobre las actuaciones de Aguad dijo que fue una gestión de “promesas incumplidas” que empezó por desguazar los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que habían sido objeto de litigios y que la Corte había validado plenamente en 2013. Esto con la promesa de enviar un proyecto al Congreso, porque nuestra Constitución dice que estos temas son objeto del Congreso y no de un decreto, y no lo hicieron”.
