El gobierno disolvió el Fondo de Servicio Universal, pero no elimina el impuesto que lo conforma
El presidente Javier Milei eliminó el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), cuya finalidad era posibilitar el acceso de todos los habitantes de nuestro país a los servicios TIC.
Creado por la ley Argentina Digital (2014), los recursos del Fondo Fiduciario de Servicio Universal se integran con el aporte (1%) de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. La gestión estuvo a cargo del Enacom.
El FFSU ha sido una política esencial para el despliegue de infraestructura en comunidades desconectadas o con atraso tecnológico, aunque la asignación de los recursos ha recibido cuestionamientos. En diciembre de 2024, se inició un proceso de auditoria interna en el Enacom por estas partidas que comprende del 1 de enero de 2019 al 31 de agosto del 2020.
Aunque el FFSU se disuelve, se mantendrá el impuesto que lo alimentaba porque -según los considerandos del decreto de disolución- “la política pública de garantizar el acceso al Servicio Universal, en los términos del artículo 18 de la ley N° 27.078 y sus modificatorias permanece vigente y, por ello, la obligación de realizar los aportes de inversión prevista”.
¿Cómo seguirá el Programa?
La continuidad de la obligatoriedad de los aportes sin un fondo definido genera incertidumbre sobre la gestión de estos recursos y el impacto en la política de conectividad.
El decreto 6/2025 que deroga el FFSU solo aplica sobre el artículo 21 del capítulo de Servicios Universal de la ley Argentina Digital, pero mantiene la vigencia de otros artículos (18,19,20,22,23,24 y 25) que crearon la política y los aportes que garantizan la conectividad y el desarrollo de las telecomunicaciones en el país