Las cooperativas TIC son hasta el ahora el único sector que no judicializó el decreto 690, donde se estableció que los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión son públicos y esenciales.
La sanción del decreto, en agosto 2020, tuvo como escenario el contexto de emergencia por la pandemia, pero su vigencia al día de hoy tiene graves consecuencias para los actores que intervienen en el ecosistema TIC.
Lejos de resolver los problemas estructurales de las comunicaciones en Argentina, señalan desde COLSECOR, "se advierte el repetido fracaso y el consecuente daño ocasionado a la sostenibilidad de los servicios digitales de calidad".
Después de muchos intentos de diálogo con las autoridades nacionales para describir el daño que viene ocasionando la vigencia de la normativa presidencial, “avizoramos la evidencia del desinterés por el trabajo que desempeñan las cooperativas de servicios públicos”, en tanto organizaciones de personas integradas en proyectos comunes.
