Graciana Peñafort Colombi conoce como pocos la redacción de los artículos de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual ya que participó, junto a Gabriel Mariotto, en su armado.
durante la audiencia del jueves 29 que convocó la corte Suprema de Justicia, Peñafort participó como representante del Estado nacional respondiendo los interrogantes del máximo tribunal.
Sobre el proceso de la audiencia, “creo que la Corte evidentemente tenía una serie de dudas que hacen a la aplicación práctica de la Ley. Creo que ha quedado demostrado que uno puede compartir o no ideológicamente las premisas de DDHH que fundan la legitimidad legal y convencional de esta Ley, lo que no puede decirse es que el Estado, los legisladores y la Nación argentina no tienen motivos de hecho o argumentos jurídicos para defender esta ley que permite la desconcentración del mercado”, afirmó al finalizar la jornada.
Peñafort reconoció que el Estado como parte demandada tuvo más consultas de parte de los Magistrados que la actora.”Pero lo más importante de esta audiencia no es el número de preguntas sino el número de respuestas que se dieron”, aseguró.
En cuanto a los argumentos esgrimidos por Clarín que ponen que la plena aplicación de la LSCA pone en jaque la sustentabilidad de su negocio, Peñafort dijo: “”El argumento de la sustentabilidad se ha tornado abstracto. Hay 650 licenciatarios que tienen el 9.5 % del mercado, tienen una licencia, contratan gente, dan contenidos y difunden la libertad de expresión”.
En respuesta a expresiones de Damián Cassino, abogado de parte del Grupo Clarín, que en caso de un fallo que declare la constitucionalidad plena de la LSCA recurrirán al fuero internacional, la abogada del Afsca manifestó “que puede recurrir a la Corte internacional como también pueden hacerlo la ONG que acompañan esta ley. Afortunadamente la Corte Interamericana forma parte del sistema de protección de los DDHH y cualquiera que sienta que el Estado vulnera por acción u omisión sus derechos puede concurrir”
