El 7D, la bisagra hacia un nuevo mapa de medios

03-10-2012

La fecha que fijó la Corte Suprema para la readecuación de las empresas de medios a lo que dispone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “es central para alcanzar los objetivos perseguidos por la misma: darle espacio a otras voces”, destacó Mirad en un texto que difundió la agencia Ansol.

Cuando se habla de esas “otras voces”, dice el responsable del proyecto Usina de Medios, también está en juego, además de la libertad de expresión, “el Derecho a la información (consagrado por la Constitución argentina) y la posibilidad de que los ciudadanos de cada región puedan acceder a una comunicación que no contenga el ´regionalismo impostado´ (incluso con buenas intenciones) con que a veces se tiñe el ´federalismo´ de los medios de comunicación originado en las grandes urbes. Hablar "del interior" desde Buenos Aires no es federalismo, tampoco hablar del "interior” desde el “interior". Federalismo implica una industria de medios distribuida en todo el país, con la posibilidad de que las propias comunidades moldeen su identidad con su historia, su economía, su desarrollo y su relación con el todo nacional”.

“El sistema de medios no puede entenderse como pequeñas unidades aisladas, sino más bien como una inmensa red”, explica Nahúm Mirad. “Cuando algunos nodos, por diferentes razones, no permiten que otros puedan relacionarse y utilizar recursos, estamos ante una situación de restricción no sólo del acceso, por ejemplo, a la renta publicitaria” sino “fundamentalmente del ejercicio de ciudadanía. Hablamos, así, de redes concentradas”.

El 7 de diciembre señalado como plazo por la Corte para la readecuación de los medios “no sólo significa un límite legal y absolutamente legítimo a que la lógica empresaria concentrada sea la única matriz que ordene el sistema de medios, es un espacio de conformación de ciudadanía”, afirma el periodista del diario Comercio y Justicia.

La Ley de Servicios Audiovisuales prevé tres tipos de actores en el reparto de las licencias para ejercer la actividad audiovisual: El estado, las empresas comerciales y el sector sin fines de lucro. Parte de este último espacio es la economía solidaria argentina, compuesta por más de 20.000 cooperativas y mutuales que producen cerca del 10 por ciento del PBI e involucran a unas 14 millones de personas en todo el país. Este sector desarrolla servicios públicos en más de la mitad de los municipios de Argentina, es responsable del 45 por ciento de la producción láctea, del 97 por ciento de la electrificación rural, del 60 por ciento de la oferta de seguros, entre otros ítems de consideración.

Según Mirad, las “cooperativas y mutuales”, como uno de los tres actores previsto por la ley de SCA para ejercer la comunicación audiovisual “tienen la historia, la capacidad de gestión, la inserción territorial, el arraigo social y cultural, los recursos materiales y humanos y, fundamentalmente, la experiencia en las infotelecomunicaciones, como para constituirse en un vector que contribuya a redibujar el mapa del sistema de medios argentino”,

* Usina de Medios: programa impulsado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar).

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