Hace más de dos años, y tras innumerables conflictos con la patronal, este grupo de trabajadores comenzó a organizarse buscando una alternativa para preservar su fuente laboral. Así surgió la Cooperativa de trabajo de la salud junín Ltda que funciona actualmente en el edificio de la ex Clínica Junín, en la calle Deán Funes 581 de la Ciudad de Córdoba. Estos prestadores de salud desarrollaron servicios de clínica médica, consultorios externos (con 14 especialidades) y laboratorio.
Con este proyecto, los trabajadores no sólo buscaron asegurar su fuente de trabajo, sino también presentarse como una alternativa para que las personas que carecen de obras sociales puedan acceder a los servicios de salud a un costo accesible.
En este sentido, esta empresa recuperada puso en marcha un plan de salud que permite a las personas realizar un aporte de diez pesos mensuales por grupo familiar, lo que les posibilita acceder a prestaciones a bajo costo. Las consultas, por ejemplo, tienen un costo de tres pesos. El presidente de la cooperativa, Jorge López, comenta que son alrededor de tres mil quinientos pacientes los que asisten mensualmente a esa institución y son ciento siete las personas que trabajan en ella.
Este año se avizoran nuevos conflictos para los trabajadores: “A fines del año pasado el juez García Sagués envió a un oficial de justicia y a un martillero público para realizar constataciones. Estas acciones preceden a la orden de desalojo”- afirma Jorge López, presidente de la cooperativa. El problema surgió al presentarse una empresa compradora del inmueble, Frisias SA que, según asegura López, fue creada en Febrero de año pasado presuntamente para llegar a la orden de desalojo.
La efectivización de esta medida representaría un revés para los integrantes de la cooperativa que día a día se esfuerzan por llevar adelante este proyecto. La alternativa propuesta por este grupo de trabajadores para la solución de este conflicto es la expropiación del edificio, para lo cual presentaron un expediente a la Legislatura en diciembre del 2002.
“Esto, permitiría a la clínica demostrarle a la sociedad que tiene un proyecto económicamente sustentable. El gobierno puede expropiar el Palacio Ferreyra por 8 millones de pesos para solucionar el problema de los ricos empobrecidos y no puede asumir su responsabilidad con la Clínica”- sostiene Gustavo Valdez, abogado de los trabajadores. En este sentido, el presidente de la cooperativa manifestó su indignación por la actitud de la Legislatura y aseguró que “falta voluntad política del gobierno de Córdoba para expropiar”. Agregó también que esta medida no le generaría costos adicionales al estado, ya que el inmueble registra deudas con la administración pública.
En la actualidad, los trabajadores se encuentran esperando las novedades que seguramente tendrán el mes de febrero, cuando se reanude la actividad de Tribunales y puedan tener acceso al expediente.
Paola Perticarari.
