Santa Rosa fue escenario de una nueva reunión en defensa de la comunicación, convocada por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) donde se reiteró “la defensa de la pluralidad de voces, la libertad de expresión y la pluriculturalidad de expresiones. Esto requiere hoy también el acceso universal a internet en su múltiple sentido: geográfico, social, comunitario y humano”, expresan en la declaración.
De este modo, las organizaciones que integran la CCD se encaminan “a un programa de acción para la inclusión económica y social en materia audiovisual y de telecomunicaciones, tal como se aprobó en el Congreso Nacional del 3 de marzo de 2016, que lanzó los nuevos 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación”.
Ante la propuesta de las autoridades nacionales de redactar un nuevo anteproyecto de ley para las comunicaciones, la Coalición reafirma su histórica metodología abierta para la formulación de políticas con la inclusión de foros participativos.
En la declaración final, se expresó la preocupación “por la contratación altamente onerosa de consultoras internacionales para asesorar al gobierno en la elaboración del futuro marco regulatorio, lo cual se contrapone con los principios a favor de un debate público, abierto y de cara a la sociedad, en el que se puedan expresar los intereses de cada sector”.
Entre otros puntos, se denunció la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo vinculados a la prensa en el último semestre, se respaldó la continuidad de la Televisión Digital Abierta (TDA) como política pública de inclusión, la concreción efectiva de la reserva del 33% del espectro para las organizaciones sin fines de lucro, cambios en las formas de financiamiento y la consideración del derecho de las audiencias.
En particular, se destacó el rol del cooperativismo “como un actor con peso y con capacidades para crecer en la prestación de servicios de comunicación” como también de otros actores de arraigo local para los que se reclamó el reconocimiento de regulaciones asimétricas que los protejan de la competencia desigual frente a los grupos concentrados. “En particular ratificamos la plena legitimidad y necesidad de que las cooperativas de servicio público sean actores centrales en la prestación de telefonía móvil y de servicios de banda ancha con sentido social y federal”.
El encuentro se realizó en coincidencia con el día 179 de vigencia del decreto 267/2015 que “la Coalición denunció por agravios a la libertad de expresión en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el pasado 8 de abril”.
