La Comisión Redactora, conformada por el Presidente de la Nación hace casi un año, elevó el anteproyecto para que Diputados y Senadores realicen el tratamiento de los artículos que organizarán los alcances del Estado en materia de derechos y garantías.
Como ya lo hemos expuesto en este espacio de nuestra revista, la cooperativa COLSECOR ha elaborado sus aportes para una futura ley de comunicaciones convergentes que establezca políticas públicas con determinados principios rectores sobre el desarrollo federal y democrático del país.
El documento que contiene los aportes de nuestra entidad fue presentado formalmente ante la Comisión Redactora y la Comisión de Comunicaciones de Diputados de la Nación.
Ante esas instancias expresamos que definitivamente necesitamos una ley para ordenar y organizar los objetivos y las prestaciones en comunicaciones. Lo peor que nos puede suceder es no tener una legislación clara en la materia. La norma tiene que configurar una gobernanza a través de una autoridad de aplicación donde estén representadas todas las regiones del país con la participación de los Estados provinciales, el Estado nacional y las minorías de representación parlamentaria. Esta configuración garantizará la democratización federal de las futuras reglamentaciones que plasmarán el desarrollo equitativo y de igualdad para todos los argentinos.
Los estados provinciales son gravitantes tanto en la constitución de las condiciones para las economías regionales productivas sostenibles como en el acceso al conocimiento, con sus obligaciones en el campo de la educación. Por tales motivos tienen que ser parte de dicha legislación comunicacional.
Por otro lado, el Estado argentino cuenta con una empresa estratégica para colaborar activamente en esta tarea y posibilitar la integración territorial y la cohesión social en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, ARSAT. Su desempeño como constructora de infraestructuras y proveedora de conectividad merece ser reforzado con una integración societaria y una dirección que incorpore la participación federal para ayudar a la empresa a alcanzar mejor y mayor impacto social y económico.
Por todo esto, es imprescindible integrar el capital accionario de ARSAT con las provincias e incorporar a su dirección una representación federal por regiones. Es relevante incluir a ARSAT y sus funciones a la ley de comunicaciones convergentes como garante de una red pública nacional de datos y conectividad, privilegiando su actuación para compensar las asimetrías de los grandes operadores dominantes de las redes básicas y troncales.
Finalmente las cooperativas, como actor sin fines de lucro, deben ser contempladas a través de políticas públicas que les permitan acceder a condiciones justas, por ejemplo eliminando abusos pasados y presentes en los nodos de interconexión a las redes nacionales e internacionales que, al castigar a operadores no dominantes, terminan condicionando el acceso de vastos sectores de la población a los recursos de la Sociedad de la Información.
