Dirigentes de 25 cooperativas de Chubut, representantes de federaciones de otras provincias, funcionarios y legisladores concurrieron al encuentro que tuvo lugar en la sede de la Cooperativa Eléctrica de Playa Unión. El objetivo fue debatir la situación de crisis que atraviesa el sector de las entidades de servicios públicos y la búsqueda de un camino común para enfrentar el momento.
La convocatoria fue realizada por la Federación de Cooperativas Chubutenses de Servicios Públicos (Fechcoop) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Estuvieron presentes por el Inaes Daniel Bas y Mansilla y José Moraga, el presidente de la Federación de Cooperativas de Servicios Esenciales de Neuquén Máximo Cisneros, el secretario de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. (FACE) Eric Ferroni, los diputados Angélica Martínez, Javier Cisneros y Anselmo Montes, el director de Energía de Chubut Marcelo Mamolitti, el subsecretario de Asociativismo y Economía Social provincial Juan Ripa, representantes del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia y de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, entre otros.
Daniel Bas y Mansilla, que desde fines de mayo venía manteniendo algunas reuniones con las cooperativas y el gobierno provincial, dijo a este medio que el panorama de las prestatarias eléctricas es “realmente grave”. El coordinador de las comisiones técnicas del Inaes expresó en ese momento que si bien “el tema fundamental allí es el retraso de las tarifas”, reconoció que tampoco se han hecho bien las cosas en algunas cooperativas. “La situación de continuar así va condenar a la quiebra a las cooperativas”, manifestó y llamó a encontrar una vía de solución.
Tras el debate en Playa Unión se elaboró un documento donde se destaca la importancia de los servicios públicos esenciales para la comunidad y la necesidad de “acciones urgentes”. En principio se fijó en el orden de cuestiones a abordar un esquema normativo sustentable y el financiamiento de la deuda que las cooperativas han contraído en estos últimos años. Finalmente, el documento expresa que "en materia de servicios públicos esenciales existe una clara convergencia de intereses entre los Estados provincial, municipal y la comunidad organizada a través de una cooperativa de usuarios para auto prestarse el servicio. El ciudadano, el vecino y el asociado, son la misma persona. Una adecuada regulación debe receptar esta ventaja que presenta la realidad organizacional y transformarla en un esquema de funcionamiento que garantice el éxito de la prestación de los servicios públicos”.
Panorama de la energía. En Chubut no existe un organismo que regule una tarifa de referencia a nivel provincial y los entes concedentes son los municipios, a través del Concejo Deliberante. “Por lo cual cada municipio establece las tarifas y la Carta Orgánica obliga a las cooperativas a brindar alumbrado público, energía, agua potable y saneamiento”, explicó Mansilla. “El principal problema es que ningún concejal ni ningún intendente quiere pagar el costo político de autorizar un aumento de tarifas”. El ejemplo de esta situación es la cooperativa de Esquel, una de las pocas que está equilibrada porque ahí la tarifa la fija la propia entidad, en acuerdo con el municipio, y sin pasar por el Consejo Deliberante. El resto de las cooperativas presentan un nivel de endeudamiento muy alto. “Las cinco más grandes de la provincia están generando un rojo mensual de aproximadamente 10 millones de pesos”, confirmó el funcionario del Inaes.
Las casi 30 cooperativas de servicios públicos de Chubut no sólo acumulan deuda con el gremio sino también con Cammesa por la compra de energía y la Afip por un total de 240 millones de pesos.
