Este jueves estaría ingresando al Consejo de Representantes de Carlos Paz el proyecto para expropiar un porcentaje de las acciones de la Cooperativa Integral en la sociedad Carlos Paz Gas. De este modo la Coopi se quedaría con el 1.5% del paquete y pasaría a ser un socio minoritario, sin poder de decisión, junto al municipio. Hasta ahora el municipio y la Coopi detentan cada uno el 50% de las acciones de la empresa.
La iniciativa de Avilés que será tratada por los ediles deja fuera de juego a Ecogas y al Enargas, ya que siguen los socios pero con un esquema de acciones muy diferentes. Por su parte, los cooperativistas protestarán con una movilización hacia el municipio a las 17.
La ordenanza que amplia el control del gobierno municipal sobre Carlos Paz Gas a sido denunciada por la Coopi como una maniobra para avanzar en la privatización del servicio. La entidad que preside Edith Manera continúa con un plan de lucha que incluye la difusión de la problemática a los vecinos y gestiones ante el Enargas.
Movilización en defensa de la Coopi
Trascurridos 22 días del anuncio de Avilés, la Coopi denuncia que sólo se ha generado una sensación de incertidumbre. En el marco de este conflicto, agrupaciones del campo popular convocan a una marcha para "defender a Carlos Paz Gas y a la Coopi como única garante de ´gas para todos´ ante los anuncios del intendente Avilés de sacar a la Coopi de Carlos Paz Gas para privatizar el servicio y luego ir por el agua".
El acto se llevará a cabo el jueves 23, desde las 17, en la plaza del avión, ubicada en inmediaciones del municipio, sobre avenida Costanera.
No se contratará a empresas con juicios contra el Estado
En un comunicado difundido este jueves 23, la Cooperativa Integral manifestó su preocupación por una ordenanza enviada por el intendente Esteban Avilés al cuerpo legislativo que impedirá a todas aquellas empresas que mantengan reclamos judiciales con el municipio sean adjudicatarias de alguna licitación y/o contratación.
Sobre esta acción la Coopi manifestó que “es un anuncio de carácter netamente extorsivo con las empresas proveedoras del estado y las prestatarias de servicios públicos entre las que se encuentra la Coopi”.
Se trata de una medida “antidemocrática e inconstitucional”, explican desde la cooperativa, “ya que impedirá que las empresas que vean violados sus derechos por parte del municipio puedan reclamar ante la justicia su cumplimiento”.
El presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert expresó que "no es un proyecto pensado para una entidad, tiene que ver con todas las empresas que tienen tercerización con el gobierno municipal y las contratistas que hacen obras públicas. El municipio está teniendo juicios y embargos permanentemente, y debemos lograr cierto un blindaje".
La respuesta de la Coopi no se hizo esperar ante estos argumentos: “Nosotros decimos que el único blindaje que debe tener el municipio es el cumplimiento con los proveedores y las empresas prestadoras de servicios y no generar ordenanzas que habiliten y legalicen la extorsión que impidan el libre ejercicio del derecho”.
