Ha sido uno de los principales desvelos de los dirigentes cooperativos de todo el país, la situación financiera de las prestatarias eléctricas luego de que se acordara el congelamiento de las tarifas durante el año 2014. La firma del Acuerdo Marco del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina que acordaron todos los gobiernos provinciales con Nación fue a cambio de subsidios para obras que recibirían las empresas de energía estatal y las cooperativas.
Es sabido por toda la dirigencia, que las entidades de la economía solidaria son el patio trasero al momento de refrendar acuerdos políticos. A pesar de que son las principales y únicas empresas de usuarios que se autoprestan la energía y otros múltiples servicios (porque no hay nadie más que lo haga en esos lugares) en un gran número de pueblos y ciudades del interior, son poco consultadas a la hora de los grandes convenios donde se pone en juego muchas veces el futuro de las entidades. Por qué se da así, no hay una única respuesta y tal vez podemos ensayar algunas hipótesis como la baja incidencia en las esferas de poder que ha tenido el sector cooperativo, la poca visibilidad del movimiento en su historia de existencia, la creencia de que es posible escindir a las cooperativas de la política aunque sí de la politización de sus miembros, la mirada centralizadora del poder político que no alcanza a medir el rol fundamental de estas entidades que lejos de las grandes capitales se organizan para cubrir necesidades esenciales y otros argumentos más.
Pero la prórroga del acuerdo que deja nuevamente sin actualización al servicio eléctrico regulado en 2015 y al que ya han adherido numerosas provincias elevó más la preocupación de la federaciones cooperativas a título de entidades gremiales del sector. En tal sentido, la Comisión de Política Energética de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (Face) analizó días atrás la realidad de cada provincia y se resolvió pedir audiencia a los funcionarios nacionales de Planificación, Julio De Vido, y de Energía, Mariana Matranga.
En las notas que firman el titular y secretario de Face, Luis Pozzo y Osvaldo Cepeda, se pide una reunión con el objetivo de considerar las circunstancias del nuevo acuerdo y ante la “preocupante perspectiva que se vislumbra, a la luz de la experiencia recogida a lo largo del pasado año, en cuanto a la instrumentación del mencionado Programa y que puede derivar en un negativo efecto sobre la calidad de servicio eléctrico en el corriente año”.
Del acuerdo para sostener la tarifa eléctrica sin actualización durante 2014, las cooperativas apenas han podido acceder con suerte 20% del subsidio acordado y muchas han tenido que hacer frente a las obras prometidas con sus propios recursos. Frente a un año electoral donde los gobernadores provinciales pondrán seguramente como prioridad la situación de las empresas eléctricas estatales, la dirigencia cooperativa no podrá torcer la decisión. Sólo le queda discutir cómo enfrentar la coyuntura y reaccionar en consecuencia para sostener las empresas de la economía solidaria.
