El pedido lo firman las cooperativas de servicios públicos de Nono, Villa Dolores (Cemdo), Quilino, San José de la Dormida, Tulumba, Sebastián Elcano, Villa de Soto y San Marcos Sierras; y está dirigido a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza el ministro Sergio Tocalli.
El fin del documento firmado en julio pasado es la inclusión de los usuarios de cooperativas eléctricas en el padrón de beneficiarios de la denominada tarifa social que implica para hogares indigentes, una bonifican de los primeros 200 Kw/h más un descuento del 89% promedio sobre los 600 Kw/h siguientes. Para los hogares carenciados, la rebaja es del 70% en la tarifa que se aplica sobre los primeros 600 kw/h de consumo. Estos beneficios son aplicados a los usuarios de Epec y no a quienes tienen servicios provistos por cooperativas.
“Esperamos que se logre una aplicación consensuada de la Tarifa Solidaria, que no desfinancie a las cooperativas, como ocurre con el pago de los servicios de las escuelas de la provincia. El objetivo es que el beneficio que obtendrían nuestros asociados, se descuente directamente de las boletas que pagamos en Epec”, explicó el secretario de la Cooperativa de San José de la Dormida, el ingeniero Víctor Garribia.
El documento que fue elevado a las autoridades de Epec y a la Fundación Banco de Córdoba también incluye un pedido de exención de Ingresos Brutos para las cooperativas, un reclamo que en los últimos meses se está haciendo oír de parte del sector cooperativo.
