- El Decreto 450/2025, que impulsa la desregulación del mercado eléctrico nacional, ha puesto en jaque el financiamiento de los cuarteles de bomberos voluntarios en Chubut.
La reciente normativa nacional prohíbe a las cooperativas eléctricas incluir en las facturas de luz cualquier cargo ajeno al servicio de energía, lo que afecta directamente a los aportes que se recaudaban para estos servicios esenciales.
Ante esta situación, las cooperativas de la provincia están buscando una solución. La presidenta de la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos, Valeria Lewis, explicó que trabajan en conjunto con el gobierno provincial y la Federación de Bomberos Voluntarios para encontrar una salida.
"Estamos buscando que el cobro a los cuarteles se transforme en un acto cooperativo, es decir, que sea aprobado por la asamblea de socios de cada cooperativa", detalló Lewis. De esta manera, el aporte dejaría de ser un cobro compulsivo y pasaría a ser una decisión voluntaria de los propios usuarios.
Lewis señaló que las cooperativas enfrentan multas de hasta 50 millones de pesos si no adecuan su sistema de facturación a la nueva normativa. Esto las obliga a acelerar el diseño de una alternativa que no ponga en riesgo el financiamiento de los bomberos, a quienes calificó como un servicio "esencial".
La dirigente cooperativista también mencionó que el conflicto se originó por una disputa entre el gobierno nacional y municipios del conurbano bonaerense, donde se cobraban "tasas absurdas" en las facturas. Sin embargo, en Chubut, las quejas de los usuarios por estos cobros siempre fueron mínimas.
Fepamco continúa litigando en la Justicia
La Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco) ha decidido no desdoblar la facturación de las cooperativas representadas y seguirá con el litigio judicial contra las normativas que prohíben el cobro de conceptos ajenos a la energía.
Aunque este caso se basa principalmente en la Resolución 267/2024, el fondo de la discusión es el mismo que con el Decreto 450/2025. Ambas medidas, a pesar de tener orígenes y jerarquías diferentes, han sido objeto de fallos judiciales que, en algunos casos, han declarado su inconstitucionalidad por afectar la autonomía de los municipios para cobrar tasas locales.
