“Las Cooperativas Eléctricas, a través de las entidades de segundo grado, han planteado al gobierno, con profunda preocupación, el impacto que la aplicación literal del Decreto 392/03 y la resolución 64/03 producirá en las economías en las entidades que prestan el servicio público de distribución eléctrica.
Por la referida legislación los $200 no remunerativos, transformados en $224 que se incorporan al salario básico de convenio, arrastran una catarata de aumentos, sostienen. Todos los adicionales del convenio 36/75 tomados sobre el básico que, al incorporarle los $224, casi se duplica, generan aumentos que en la media del sector, significan incrementos que llegan a los $1.200 mensuales.
Este incremento, más la incidencia de las cargas sociales que en la actividad ronda el 100 por ciento, generan un sobrecosto que las distribuidoras no están en condiciones de soportar. En primer lugar el nuevo incremento del costo de la mano de obra de ser trasladado a la tarifa representaría aumentos que superan 15 por ciento. En segundo lugar, esta alternativa surge en un contexto de tarifas congeladas por el gobierno, donde el porcentaje anterior es similar al solicitado por las empresas para equilibrar el incremento de costo que la salida de la convertibilidad produjo.
Es tan grande el desequilibrio que estás medidas producen que los mismos beneficiarios comprenden que en el contexto económico de las empresas son literalmente impagables.
Ante esta encrucijada se han generado reuniones en el cooperativismo en busca de soluciones que destraben el conflicto."
Resumen de Articulo publicado en Ámbito Financiero el jueves 7 de agosto.
