El viernes 17, cerrando una semana complicada donde una investigación periodística difundida por el programa ADN (Canal 10) terminó con la renuncia de 3 funcionarios provinciales - entre éstos el ministro de Transporte Dante Heredia - el gobernador José Manuel De la Sota firmó el Decreto 525.
En sintonía con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, el Decreto del gobernador cordobés - que fue enviado a la Legislatura Unicameral - estaría beneficiando al Grupo Clarín en su intento de evitar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
“Creo que hay fuertes presiones para que no se ejerza la libertad de expresión”, dijo De la Sota en conferencia de prensa tras anunciar la norma.
El artículo 7 del Decreto de De la Sota prohíbe “en todo el territorio de la Provincia de Córdoba el despacho y/o ejecución de actos administrativos cualquiera sea la autoridad de la que emane, que dispongan la intervención, desapoderamiento, designación de administradores y/o veedores, restricción y/o control en forma directa o indirecta” de medios en Córdoba o de “las participaciones sociales que los integran”.
En la misma conferencia donde comunicó el envío del Decreto 525 a la Legislatura, el gobernador fue interpelado por algunos periodistas que le consultaron acerca de la deuda que la provincia tiene con los medios de la Universidad (SRT), que fueron quienes difundieron actos de corrupción de su gobierno.
De la Sota respondió: “Mire, ustedes son un medio del Estado que tiene una posición pública tomada que nosotros respetamos. Pero indudablemente nos sentimos preocupados por acciones que llevan adelante quienes comandan los medios que hoy ya son el 80 % de los medios del país en manos del Estado o de los amigos del poder. Nosotros queremos proteger a la Argentina de la tentación hegemónica, queremos preservar las libertades de los argentinos cuando vemos que se lanzan leyes de apropiación de medios que abastecen de papel a los distintos medios de la Argentina, cuando condicionan licencias y a través de la ley de medios se presiona a muchos medios para que no puedan ejercer con total plenitud.
Respecto a la deuda, el Gobernado dijo “Se van a ir cumpliendo los pagos dentro de las posibilidades del gobierno. Ustedes deberían ayudarnos también a reclamar que el Estado nacional que les envía subsidios enormes a los SRT también nos pague a los cordobeses, que ya nos deben 3300 millones.
En la misma conferencia de prensa, De la Sota responsabilizó también a la Casa Rosada de estar detrás de las denuncias que llevaron a Dante Heredia y dos funcionarios de su confianza a dejar sus cargos tras haber sido grabados por el programa ADN pidiendo coimas, uno, y sugiriendo el armando empresas fraudulentas, otro.
Por otra parte, el presidente de los SRT, Jorge Falcón, manifestó que este Gobernador que firma un Decreto para “garantizar la libertad de expresión” es el mismo que no dudó en clausurar una antena de la TDA en Río Cuarto o que “desde febrero del año pasado levantó toda pauta oficial que tenían los medios del SRT y la administración cordobesa se niega a liquidarle al canal universitario una deuda de más de 10 millones de pesos”.
Respuesta de referentes de la comunicación
En Córdoba medios de prensa local, políticos, intelectuales y distintas organizaciones vinculadas a la comunicación manifestaron que el Decreto 525 “busca salvaguardar los intereses de los medios monopólicos”.
En este sentido expresaron que la Ley 26.522 (LSCA) es clara y contundente en cuanto a considerar “a la comunicación como un derecho humano” y limitar “a los monopolios”.
En referencia al Decreto del Gobernador agrega el texto “sólo tiene la intención de salvaguardar a aquellos grupos económicos que concentran la gran mayoría de la propiedad de los medios (como Grupo Clarín y Grupo Radiodifusora del Centro SA, en Córdoba) y que han impedido históricamente que seamos cada vez más los que podamos expresarnos y ser escuchados en Córdoba”.
“La verdadera violación a la libertad de expresión es la concentración de la propiedad de medios en oligopolios y monopolios que negándose a cumplir la ley atentan contra la diversidad y el pluralismo”, dice el documento firmado por distintos referentes como el titular de la delegación Córdoba del Afsca, Carlos Vicente, la Coalición por una Radiodifusión Democrática, diversos medios gráficos, radios, entidades gremiales, Colsecor, Cecopal, cooperativas audiovisuales, entre otros firmantes.
