Cuando en 1990 el gobierno de Carlos Menem dispuso la refundación de la sociedad argentina a través del rediseño de las funciones del Estado, se dio comienzo al proceso de privatización de empresas estatales prestadoras de servicios públicos. Esta transformación recayó en la entrega, entre otros, de los servicios de telecomunicaciones, hasta ese momento regulada por la antigua Empresa Nacional de Telecomunicaciones - ENTel -. De este modo, el país telefónico quedo repartido entre dos multinacionales, el sur para Telefónica y el norte para telecom.
Con el monopolio planteado, los argentinos asistimos al perverso orgullo de contar con las tarifas telefónicas más altas del mundo. Según un estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-, una canasta típica de consumo (costos de conexión, abono mensual y 20 llamadas locales de una hora) era en 1997 un 0,6 por ciento del salario promedio industrial en Estados Unidos, dos por ciento en España, 2,5 por ciento en Francia y 6,9 por ciento en Argentina.
Por otro lado, las concesionarias multinacionales violaban el derecho de universalidad de los servicios públicos, negándose a prestarlo en aquellos rincones que consideraban no rentables.
Con el objetivo de establecer las bases para abrir la competencia del mercado en la prestación de estos servicios, el Estado marcó un nuevo paso en la desregulación de las comunicaciones. En noviembre del 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rua, se accedió a la total desregulación del sector, abriendo el campo del servicio de telecomunicaciones a quienes quisieran ofrecerlas.
De esta manera, el sector cooperativo que ofrecía otros servicios a sus comunidades comienza a sumarse a las cooperativas que, asociadas a Fecotel o Fecosur, se dedicaron históricamente a la telefonía, asistiendo a sectores marginales que no revestían interés económico para las empresas privadas.
Raíz social y solidaria
La presencia del cooperativismo en el sector de las telecomunicaciones, al igual que en otros servicios públicos, surgió ante la necesidad de abastecer a núcleos de personas que no fueron suficientemente asistidos por las empresas públicas ni representaban interés económico para las empresas privadas. Esta necesidad generó el espacio básico para que en 1959, los primeros grupos de usuarios carenciados se agruparan como socios o accionistas de estas organizaciones que se destacaron siempre por su profunda raíz social y solidaria.
Durante el llamado proceso privatizador, estas cooperativas telefónicas -más de 300, generalmente ubicadas en zonas rurales y de baja densidad poblacional- fueron contempladas por el nuevo marco regulatorio como Operadores Independientes.
A partir de la desregulación del sector, cooperativas de servicios de diferentes puntos del país decidieron incursionar en telecomunicaciones, fijándose los objetivos de reinvertir las ganancias en la propia localidad, bajar el costo de las facturas y garantizar la atención personalizada.
“El dinero siempre lo llevaba la empresa de afuera y no quedaba en la localidad. Por otro lado, la gente estaba cansada de que sus reclamos sean atendidos por una máquina, nosotros pensamos que la atención tiene que ser personalizada”. Explica Miguel Pansa, Presidente de la Cooperativa de Ordóñez, Pcia. de Córdoba, que desde principios de este año brinda el servicio en esa localidad.
Ante la competencia del sector cooperativo, las multinacionales comienzan a proponer beneficios que no ofrecieron durante los últimos 12 años. Horacio Gonzalez, Presidente de la Cooperativa Sudecor, de Bell Ville, Pcia de Córdoba, explica este fenómeno y considera que “es bueno que una cooperativa haya venido a hacerle competencia a una empresa que durante muchos años estuvo sola, ahora, desde hace dos años hay un mercado desregulado y ellos están comenzando a sentir el impacto”.
Entre las cooperativas del interior que a partir de la desregulación han comenzado a incursionar en telefonía, fue de gran envergadura el emprendimiento de la Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa de La Pampa, la cual hace algo más de un año comenzó con éxito a brindar el servicio en una capital de provincia, donde las empresas privadas pisan fuerte. “Nuestro ideal futuro es integrar a todas las cooperativas de La Pampa en una mega empresa telefónica cooperativa regional, de modo que el dinero de las telecomunicaciones pampeanas queden en manos de las cooperativas y de los socios”, afirma el presidente de la Cooperativa Popular, Oscar Nocetti. Esta entidad pampeana, además de lograr reducir un 15 % el costo de la factura con respecto a la de la competencia, ha firmado recientemente un convenio con la Cooperativa de Del Viso, Buenos Aires, por el cual se fijaron los términos y condiciones de interconexión de redes entre ambas empresas para la prestación de los servicios de telefonía local y de larga distancia.
Para el futuro, el avance de las cooperativas de servicios en telefonía plantea ciertos desafíos. En primera instancia, desarrollar una competitividad que les permita captar la mayor cantidad de usuarios posibles (que hasta ahora son usuarios de las empresas privadas) y, por otro lado, concretar la creación de bloques regionales, los que a su vez, como lo explica Eduardo Viña -Presidente de la Cooperativa de Justiniano Posse, Córdoba- “puedan integrarse entre sí para poder conseguir ante los proveedores mejores precios de interconexión que inmediatamente tendrán una repercusión positiva en la tarifa del usuario final”.
