Las decisiones de una adecuación tarifaria sobre los servicios públicos de electricidad se establecen en un marco de tensión en el país. Las realidades de vulnerabilidad social, con una mayoría de ciudadanos viviendo en situación de pobreza, es una tendencia que se ha consolidado en largos años. Es una dimensión que no se puede soslayar, si ponemos la atención en donde reside el problema del pago de los servicios.
Eran de esperar las quejas, los reclamos y las expresiones críticas en tiempos de urgencias de necesidades.
Si hacemos un repaso histórico no demasiado exhaustivo en torno a cómo se han planteado los valores de la energía nos vamos a encontrar, en primer lugar, con faltantes de responsabilidad de parte de los Estados.
La sostenibilidad energética que va desde la generación, pasando por el transporte, la distribución y finalmente con el pago de los servicios de parte del universo usuario no se diseñó con la seriedad que debió tener la política de Estado.
En un tiempo en el que finalizaron los márgenes para continuar con los desaciertos, emerge la urgencia de hacer todo de manera intempestiva sin contemplar los procesos de inclusión de las personas que necesitan los servicios esenciales para vivir y producir. Para abonarlos, es necesario que no haya limitaciones cognitivas de la realidad socio económica que tiene la ciudadanía en todos los territorios locales del país.
Padecemos las debilidades estructurales que origina la política en la que la facilidad de las voluntades es improvisar de acuerdo a intereses cortoplacistas para que los costos se posterguen para otros ciclos de gobernanza.
Así las cosas. Hoy estamos en convulsión desesperada para ver de qué manera la gente puede pagar sus servicios. Hay un marco de incertidumbre en el país sobre la dinámica de los índices de inflación venideros y crece la cantidad de interrogantes sobre los escenarios de productividad económica con reactivación o con un descenso aún más pronunciado al actual del nivel de actividad.
La capacidad de los usuarios para resolver los servicios fija límites que no se pueden desoír y no son precisamente los consumidores los responsables de los desvaríos que ocasionan las autoridades que no suelen estar presentes cuando hay que pagar las cuentas.
Es conveniente recuperar el antecedente de origen en los espacios comunitarios que se cooperativizaron. El cuerpo de las razones que dieron lugar para que se conformaran las cooperativas eléctricas y que la economía social y solidaria sea una solución en nuestra Argentina tierra adentro, obedeció desde hace décadas a encontrar una vía de solución con los esfuerzos mutuos.
No fueron los Estados ni la economía empresaria lucrativa de grandes dimensiones a las pequeñas poblaciones. No había tantos votantes y tampoco tanto mercado; así de sencillo. Los que necesitaban resolver servicios esenciales que se arreglen como puedan. Así pensaron.
Las personas se convirtieron primero en asociados a la causa social para después ser usuarios integrados de las prestaciones que eran imprescindibles para desarrollarse en esas localidades. Todavía hay un desconocimiento de esos orígenes y persiste una subestimación de aquellas iniciativas de cooperación. Peor aún, lejos de la valoración, hay una búsqueda extractiva de los beneficios de la obra solidaria. Ejemplo; la carga impositiva injusta y de gravedad inconstitucional que esperemos que en poco tiempo tenga reparaciones históricas en materia económica por lo que algunos Estados cobraron indebidamente a las cooperativas.
Desde COLSECOR como entidad representativa del sector, promovemos acciones solidarias para que las federaciones de cooperativas eléctricas puedan avanzar en los diálogos con las autoridades gubernamentales abocadas en la materia. Esperamos que haya compensaciones, no solo con las cooperativas, sino fundamentalmente con la comunidad usuaria que decide vivir y proyectarse en los espacios regionales alejados de los grandes centros urbanos metropolitanos. Lo recaudado por los Estados en las comunidades cooperativas, ha permitido crear y sostener gastos de políticas públicas aplicados a estructuras administrativas de espacios de gobiernos que con sus burocracias han decidido poner los recursos de esas lejanías para los espacios altamente urbanizados.
El país necesita federalizarse y será con regresos de recursos que corrijan asimetrías sin intromisiones centralistas de ningún gobierno sea nacional o provincial.
Finalmente, expresamos que las libertades no se logran con imposiciones sobre las autonomías. Que la cooperación allane el camino para hacer una Argentina con mejores convivencias y con mayores progresos en la calidad de vida de las personas.
