Cuando se conoció la decisión de gravar los servicios digitales no radicados en el país, el sector cooperativa vinculado a las comunicaciones expresó su acuerdo con la decisión de la nueva gestión nacional. La medida tiende a acortar las asimetrías entre los prestadores locales de Tv paga y aquellas plataformas no radicados en el país, como el caso de Netflix.
En agosto de 2016, en el marco del debate por una regulación de las comunicaciones convergentes, “llevamos como integración ante la Comisión Redactora del anteproyecto de Ley de Comunicaciones que presidía Silvana Giudici - quien después fue titular del Enacom - la propuesta de gravar a estas plataformas cuyo destino seria la creación de un fondo para mantenimiento y actualización de la infraestructura de redes que posibilitan prestar estos servicios”.
Parte de los 25 aportes que presentó COLSECOR en agosto de 2016
Creación de un fondo para mantenimiento y modernización de las redes de infraestructuras necesarias para la operación de servicios pagos de video (como los OTTs), con una tasa a pagar por parte de los OTTs. Este fondo es diferente al Fondo de Servicio Universal (FSU) ya que su propósito no es el de la inclusión social y la integración geográfica (como en el caso del FSU), sino que tendrá como finalidad construir y mantener las redes físicas que posibilitan la navegación por las aplicaciones y servicios ofrecidos por los OTTs, la reinversión en las infraestructuras que posibilitan la distribución y el transporte de aplicaciones, servicios y contenidos (algunos de los cuales no contribuyen hoy ni a la construcción ni al mantenimiento de esas redes).
Otro de los dirigentes cooperativos que se expresó de acuerdo con la medida de poner una tasa a los servicios digitales es Antonio Roncoroni. El presidente de la Federación de Cooperativas del Sur (Fecosur) manifestó en diversos medios que se trata de una medida justa e implica una "visión solidaria de la economía". Es el "comienzo del fin de la desigualdad de derechos", aseguró el dirigente, para quien "gravar con un diferencial a empresas como Netflix, no sólo es justo, es necesario".
Las cooperativas que dan servicios de comunicación siguen reclamando una ley de servicios convergentes que regule las comunicaciones, en tanto la vigente ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que rige al sector ha sido modificada con sucesivos decretos.
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