La resolución 148-E/2017 de la AABE, organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo de la Nación, requirió a los entes que regulan los servicios públicos provinciales que reconozcan el certificado de vivienda familiar como documento válido para solicitar el servicio eléctrico. Este se expide en caso de casas asentadas sobre terrenos de propiedad del Estado Nacional o de particulares, cuyos barrios están en proceso de integración urbana.
Este certificado es expedido por la propia repartición estatal por intermedio del Anses, a los fines de habilitar una conexión domiciliaria.
Por tal motivo, las prestadoras cooperativas deberán reconocer este documento para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los fines de la conexión del servicio.
Respecto del resto de solicitudes de servicios por parte de usuarios que no son titulares, ni locatarios de la propiedad sobre la que se solicita el servicio y no se encuadra dentro del concepto de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, las Cooperativas deberán mantener los mismos criterios que actualmente han adoptado para la habilitación del servicio eléctrico.
