Preocupante mensaje de una elección provincial
El cronograma electoral para la renovación de las instituciones políticas provinciales y nacionales tuvo en Catamarca un primer acto bochornoso. Mas allá de la situación concreta de la provincia norteña, es preciso alertar sobre las nefastas consecuencias que tiene para el país el recurrente quebrantamiento de las reglas de juego.
A poco de iniciado, el Tribunal Electoral provincial suspendió los comicios por pedido del gobernador Oscar Castillo, debido a los graves incidentes registrados en distintos lugares de votación. El conflicto político se remonta a la decisión judicial de impedir la postulación del senador Luis Barrionuevo como candidato a gobernador por el Partido Justicialista, por no cumplir con los 4 años de residencia en la provincia, exigidos por la Constitución catamarqueña para postularse.
El fallo en primera instancia dio lugar a una larga batalla judicial que culminó con una sentencia de la Corte Suprema provincial, que dejó fuera de la carrera a la Gobernación al postulante justicialista. Así planteada la situación, se llegó a la elección del domingo sin que la principal oposición tuviera su candidato, augurándose un escenario de escasa legitimidad para quien resultara electo.
Este es, en rigor, el primer hecho preocupante, porque traduce la dificultad que exhiben las fuerzas políticas nacionales y provinciales para elegir a quienes sean capaces de representarlas legítimamente en las compulsas generales. Tanto las normas y procedimientos a adoptar para definir las candidaturas como los requisitos que deben cumplir los candidatos no son asuntos menores. Deben estar escrupulosamente atados a las normas vigentes que rigen las instituciones. Y no hay razón política, social o económica alguna que justifique su atropello o manipulación.
En modo alguno puede convalidarse que las acciones directas, y menos aún violentas, se impongan para torcer los rumbos en el sentido de quien se considere con la razón de su lado.
Otro aspecto a destacar es la necesidad de desandar la arraigada práctica de influenciar políticamente a la justicia, lo que coloca a los tribunales no como frenos para la arbitrariedad, sino como partes activas de las estrategias políticas partidarias.
Los hechos ocurridos en Catamarca requieren una urgente resolución institucional y, en definitiva, constituyen una señal de advertencia para el conjunto de la dirigencia política nacional y de quienes tienen mayores responsabilidades en lograr que el país pueda renovar sus instituciones democráticas y procesar sus conflictos de manera pacífica y ordenada.
Clarín, martes 4 de marzo de 2003
