Cajas de crédito cooperativo

10-11-2003

La ausencia de una política de Estado que pueda generar un crecimiento sustantivo en la capacidad productiva del país ha favorecido a la concentración del capital, el abuso, por parte de los bancos, del cobro de intereses y punitorios y ha llevado a los medianos y pequeños productores a encontrarse en una situación de extrema gravedad que esta ley pretende revertir. El objetivo de la Ley 25.782 es promover el desarrollo de los pequeños y medianos productores que son el motor de crecimiento de la capacidad productiva del país y que la aprobación del mismo constituye una herramienta que es necesaria e imprescindible en el marco de la falta de inversión y la desconfianza en el sistema financiero argentino. Las cajas de crédito hoy existentes deberán adecuar su operatoria a la de la presente ley dentro de los noventa días de su entrada en vigencia.

La reciente sanción de la ley que recrea las Cajas de Crédito, amenaza con generar una pequeña tormenta en el mercado financiero. Y los rayos y centellas podrían caer sobre el Banco Central, que ya comenzó a recibir las primeras gotas.

Algunas polémicas

Es que la ley desató posiciones enfrentadas: para algunos, es un retroceso de 40 años y sólo servirá para "legitimar" a mesas de dinero y falsas cooperativas; para otros, es una forma de democratizar el crédito y permitir la generación de una opción financiera popular al esquema tradicional.

La legislación -que debe ser reglamentada por el BCRA- es una modificación a la de entidades financieras vigente e indica que las cajas de crédito cooperativas podrán tomar depósitos y dar créditos no mayores a 10.000 pesos. También emitirán un sucedáneo de los cheques (Letras de Pago) pero sin descubierto y sólo estarán autorizados a operar con sus asociados (no menos de 100 que aporten un capital de 200 pesos cada uno).

El Poder Ejecutivo procederá a publicar el texto ordenando de la Ley 21.526 y sus modificaciones dentro del término de noventa (90) días contados desde la fecha de publicación de esta ley.

Para otros, la cosa es diferente. Piensan que servirá para generar una economía marginal y que el actual control que ejercen sobre cooperativas la AFIP y el Instituto Nacional de Mutualismo y Cooperación, "es bastante flojito". Tanto, que apenas votada la ley le pidieron a la gente de Alfonso Prat Gay, titular del BCRA, que les imponga "las mismas normas que tienen las cajas de crédito actualmente en funcionamiento". Son dos y aseguran que cumplen con las mismas exigencias de una financiera o banco y que pueden sufrir una competencia desleal y peligrosa para los depositantes.

En tanto, algunos sectores del mutualismo se oponen a asociarse al cooperativismo para la realización de cajas de crédito en común. Paralelamente al dictado en el año 1973 de la Ley de Mutualidades Nº 20.321 en la que se establecía que las mutuales pueden captar ahorros de sus asociados, y más allá, en el Art. 29º que los intereses que perciban los asociados que ahorran en una mutual están exentos de impuestos a las Ganancias, se dictó la Ley de Cooperativas Nº 20.337, la que establecía tres categorías de cooperativas de crédito: las que no podían captar ahorros de sus asociados y tenían que trabajar con capital propio, las Cajas de Crédito, y los Bancos Cooperativos que tenían que estar bajo la órbita del Banco Central. Lo que en definitiva sostienen los miembros del mutualismo es una oposición a estar bajo la órbita del Banco Central y del INAES.

Para Floreal Gorini, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), "en un 80% es una buena ley". El dirigente que transformó (obligado por José Alfredo Martínez de Hoz) las cajas de crédito organizadas a fines de los 50 en sólidos bancos cooperativos, sostiene que puede ser el inicio de "un sistema financiero barrial y popular". Pero tiene dos objeciones: que no exista una entidad de segundo grado que las agrupe y que funcione para el clearing y como prestamista de ultima instancia y que la supervisión quede bajo la órbita del Banco Central. "Por el tipo de organización sería mejor que fueran controladas por un organismo con un contenido social", explicó.

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