Al igual que otras empresas de servicios TIC, la Cámara Argentina de Internet (Cabase) Inició acciones judiciales tendientes a suspender la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020 sancionado durante la pandemia, mediante el cual se estableció el carácter de servicio público en competencia a los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Con esta medida, el Estado determinó que por razones de "interés público" las tarifas quedaban reguladas por la autoridad de aplicación.
El 22 de febrero de este año, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Cabase y ordenó suspender los efectos del decreto en cuestión y todas las resoluciones anexas (N° 1466/2020, 1467/2020, 27/2021, 28/2021, 204/2021, 862/2021, 2187/21 y 725/22). Según se detalla en el Expediente N° 14.230/2021, la medida considera el carácter colectivo de representación de la demanda presentada por Cabase, y dictamina que podrá ser aplicada por todas las entidades que la conforman.
En este punto, COLSECOR como integrante de Cabase se encuentra alcanzada por la medida cautelar favorable que suspende los alcances del DNU 690, en consecuencia, todas sus entidades asociadas quedan habilitadas para su aplicación inmediata.
La sanción del DNU 690 fue una medida necesaria en el contexto social y económico que causó la pandemia en nuestro país, pero la prolongada vigencia del mismo hasta la fecha ha traído graves consecuencias para los operadores TIC, en especial a los que operan en comunidades de menos de 100 mil habitantes, que no pueden hoy sostener sus inversiones y los costos operativos con las tarifas actuales.
Desde COLSECOR en conjunto con otras entidades del sector cooperativo y pyme se ha buscado "el diálogo permanente" ante una situación que resulta insostenible, pero no ha habido respuesta a estas demandas de parte de las autoridades, sostienen.
Cabe recordar que, en diciembre pasado, la asamblea general de COLSECOR facultó al consejo de administración a analizar acciones y profundizar las medidas judiciales que posibiliten una actualización tarifaria que acompañe a la inflación.
