Cuando ya parecen haberse agotado todas las instancias posibles para que los trabajadores de la Clínica Junín puedan continuar brindando salud en forma cooperativa, el gobernador suscribió un proyecto de ley que será enviado a la Legislatura. En éste el mandatario solicita se declare la expropiación del inmueble - ubicado sobre calle Dean Funes al 589 de la capital cordobesa - donde funciona actualmente la Cooperativa de Salud Junín Ltda.
Mientras fue vicegobernador de De la Sota, Schiaretti se reunió en varias ocasiones con los integrantes de la Cooperativa de Salud Junín y prometió hacer lo posible para que los trabajadores de la ex Clínica Junín finalmente obtuvieran la propiedad del inmueble. La medida impulsada ahora por el Ejecutivo provincial apunta a evitar el desalojo de los trabajadores, ya que el proyecto plantea que hasta tanto se produzca el desapoderamiento de los actuales propietarios del inmueble, continuará vigente la ocupación temporaria en los mismos términos y condiciones en que lo vienen haciendo hasta la fecha. Según trascendió, la iniciativa también prevé transferir, gravar y ceder en usufructo, uso y otros derechos reales y personales el dominio del inmueble a favor de la Cooperativa de Salud Junín Limitada, para ser destinado exclusivamente a su objeto social. Como contraprestación, se plantea recibir el pago de la transferencia mediante la utilización de los servicios médicos sanatoriales a favor de la provincia.
CRÓNICA DEL CONFLICTO
En 2002, los administradores de la entonces Clínica Privada Junín abandonaron la empresa y a los trabajadores. Atraso salarial, despidos y amenazas fuero el común denominador de ésta y otras historias de trabajadores que se quedaron en las empresas para defender la fuente laboral.
Ese mismo año, nació la Cooperativa de Salud Junín integrada en su mayoría por el personal no médico y desde entonces trabajan como una empresa de salud cooperativa.
En marzo de 2005 el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba declaró de “interés público y sujeto a expropiación” el edificio de la calle Dean Funes. Esta resolución otorgaba a los trabajadores un plazo de dos años para reunir el dinero suficiente para comprar la propiedad, pero no impedía que los “propietarios” solicitaran el desalojo del mismo. Hecho que finalmente no sucedió hasta la fecha pero que puso a los integrantes de la cooperativa en situación de vulnerabilidad permanente.
Cecilia Ghiglione / [email protected]
