La nueva normativa que en principio los concejales accederían a votar dispondría un aumento para el sector residencial del orden del 6%, con un promedio de suba del 10% para todo el espectro de usuarios.
El texto a considerar prevé un plan de "normalización" por el que la cooperativa debería seguir parámetros de calidad, pautas de inversión, y someterse al control de auditoría.
En paralelo se dispondría la concreción de un reglamento de suministro, donde se establecerían los derechos de los usuarios. A partir de esa resolución podría tomar forma una comisión observadora integrada por concejales, miembros del Ejecutivo municipal, e integrantes de la cooperativa.
Ayer no se supo si el CD había decidido instrumentar algún tipo de medida de seguridad adicional y si le permitirá el ingreso a los trabajadores de la cooperativa, que renovará un tercio de su administración con las elecciones del 4 de diciembre próximo.
Además hay otro tema que sumó tensión en los últimos tres días. Y es el embargo por 2,6 millones de pesos que la Federación Argentina de Luz y Fuerza promovió contra CALF para cobrar deudas de aportes convencionales, del fondo compensador y de convenios caídos que se arrastran desde la gestión de Osvaldo Bonvín, cuya mora no fue saneada por las administraciones posteriores.
