La presunción se funda en el entendimiento del modo en el que se han desarrollado los procesos de gestación de múltiples proyectos legislativos en los últimos tiempos. Tenemos viva la memoria por lo meritoria que fue aquella vivencia democratizadora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la que hubo foros con participación ciudadana en cada provincia para finalmente llegar a las audiencias públicas en ambas cámaras del parlamento argentino.
A pesar del corto camino elegido para arribar a consensos más amplios, tenemos que decir que se pudo establecer desde COLSECOR un canal de dialogo con los funcionarios que promueven desde el Poder Ejecutivo Nacional esta normativa que se aplicara a los Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Al proyecto original, que consideramos necesario, se incorporaron modificaciones sustantivas surgidas desde el cooperativismo que conformó una posición de síntesis de todas las opiniones de las entidades que son parte de la Confederación Cooperar. En este sentido, consideramos que siempre son relevantes las propuestas que provienen de los ámbitos pensados desde la integración solidaria para cuidarnos de los avasallamientos coyunturales.
Planteamos desde la defensa de la equidad ciudadana, que era condición de mayor igualdad entre los operadores adecuados a las exigencias de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) no dar lugar a las empresas telefónicas con posición significativa de mercado en la prestación de servicios de televisión satelital (DTH) en el territorio nacional.
Consideramos la inclusión de este concepto específico, una imprescindible resistencia planteada por la unidad cooperativa porque incorpora argumentos que se traducen en justicia al advertir los riesgos que se pueden imprimir para nuestro sector económico y social.
Si la inclusión de las telefónicas se lograra materializar, tenemos que decir sin duda alguna que el horizonte se transformaría ciertamente borroso en la marcha del cooperativismo de la televisión por cable. Los esfuerzos de las comunidades organizadas en las empresas de capital social caerían al vacío frente al poder de las grandes empresas extranjeras de las comunicaciones.
En relación con este ordenamiento del resguardo de la economía solidaria, hicimos una enfática propuesta para que se excluya a las mutuales, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro de la obligación de ceder las redes de infraestructura locales.
Para ello, describimos la línea de tiempo histórica del cooperativismo de servicios públicos y esenciales donde destacamos el aporte de cada asociado como el gran eje movilizador sobre el que se resolvieron las condiciones de crecimiento y sustentabilidad de cientos de comunidades. Está claro que fue a partir del destrato de un Estado que actuó con indiferencia y ausencia en gran parte de nuestra Argentina tierra adentro.
En otro orden, propusimos distintas modificaciones al proyecto que fueron receptadas como insumo de referencia tanto para el estudio y análisis de la estructura de la ley como para la instancia relevante que se abre con la reglamentación posterior.
Expresamos que había que definir correctamente los Servicios TIC para que quedaran comprendidos bajo la presente norma, distinguiéndose de los servicios de comunicación audiovisual regidos por la Ley 26522. Defendemos las resoluciones reglamentarias de la llamada ley de medios porque consideramos que es quien se encarga de regular contenidos y es la verdadera protección de la industria nacional en cuanto a comunicación audiovisual, dado que fija las condiciones de admisibilidad para quienes quieran ser operadores de tv tanto de aire como de cable.
Dijimos que debía quedar plasmado que las cooperativas, mutuales y entidades sin fines de lucro no podían quedar esquematizadas dentro de la definición de poder significativo de mercado. El razonamiento es básico: sería una artimaña que enreda aberraciones jurídicas.
Finalmente también señalamos que la autoridad de aplicación se podía edificar con la representatividad de diversos sectores políticos incorporados en el Congreso de la Nación y con un integrante del movimiento cooperativo.
Tenemos la seguridad que nuestra institución ha realizado un valioso aporte a este proyecto de ley. La articulación de la organización cooperativa con las políticas públicas en la temática audiovisual desde hace 20 años, es una genuina expresión de la gestión que se ha llevado adelante a partir del trabajo permanente que intenta resolver los intereses de las asociadas y comunidades donde vivimos.
