Antes de "emitir un juico de valor" hay que conocer la "legislación"

22-07-2010

En una entrevista concedida a este medio, el funcionario declaró que antes de decir “que todo se hace mal”, hay que “conocer acabadamente” la legislación y las responsabilidades del Estado y las instituciones.

¿Cuál es la posición de la Subsecretaría respecto al artículo publicado por La Voz del Interior diciendo que tanto cooperativas y mutuales resultan una figura o una guarida para distintas actividades ilícitas en lo referente a la actividad crediticia?

Más que responder a una nota periodística, que obviamente estamos en democracia y hay libertad de expresión y cada uno puede hacerlo de la manera que crea conveniente, yo creo que es una buena oportunidad para ver lo positivo. Creo que las cooperativas y las mutuales tienen un rol preponderante en la vida de nuestro país y puntualmente en nuestra provincia, representan aproximadamente casi el diez por ciento del producto bruto y fundamentalmente, tanto cooperativas como mutuales en el interior de la provincia, desarrollan una actividad vinculada con los servicios que si esa institución cooperativa no existiera esa localidad no tendría agua, electricidad, no tendría la posibilidad de tener televisión, internet ni una adecuada de atención de salud. Entonces, esto creo yo que es lo importante.

Seguramente cuando se refleja la parte negativa que como todas las instituciones están compuestas por hombres y evidentemente no todas las personas tienen la misma visión de la vida y hay algunos que se apartan de la ley y pueden utilizar estas herramientas cooperativas y mutuales  para cometer algún tipo de irregularidad o ilicitud. Pero no es el sentido, no son la mayoría de los casos y simplemente con reflejar que nosotros tenemos más de 1.300 cooperativas activas en la provincia de Córdoba y más de 400 mutuales. Estamos hablando de dos casos puntuales donde está interviniendo la Justicia para investigar y esto significa que un Estado de derecho los poderes funcionan cuando se comenten irregularidades, cuando hay supuestos delitos que se cometen evidentemente intervienen la Justicias.

Pero lo más interesante, y vuelvo a decir, es el rol que juegan en la sociedad las cooperativas y las mutuales y son un verdadero motor de desarrollo local porque todos los recursos que generan a través de excedentes por los servicios prestados se reinvierten en la localidad, no se los llevan a otro lado. Esta es la gran diferencia de una empresa que no tenga contenido social, que persigue fines de lucro y que se lleva las ganancias al exterior.

El otro punto interesante es que son los propios usuarios los que deciden la suerte o el destino de los recursos y la gobernabilidad de la institución. Esto permite que la comunidad participe, trace sus propios proyectos y objetivos.

Y con respecto a las políticas públicas, sobre todo del ámbito provincial, hay que hacer una gran deferencia por lo que significa la legislación, de lo que es una cooperativa y lo que es una mutual en cuanto a la posibilidad de fiscalización. La ley de cooperativas  en su articulado menciona y establece responsabilidades para los órganos locales; establece posibilidades de aplicar sanciones mucho más amplias que la ley de mutuales. Y en función de eso se firma un convenio con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) para que nosotros tengamos un marco de actuación y de hecho lo ejecutamos como corresponde. En el ámbito de las mutuales están mucho más acotadas estas posibilidades porque la misma ley define que solamente el Inaes puede aplicar sanciones así que por más convenio que tengamos es muy difícil una aplicación de contralor rigurosa. Pero más allá de eso lo que hay que decir y establecer claramente y que por ahí no se menciona, hay una fiscalización privada dada por la propia institución – las instituciones están compuestas por un órgano de gobierno y uno de contralor: Sindicatura para las cooperativas y Junta Fiscalizadora para las mutuales – que tienen todas las facultades para controlar la gestión de gobernabilidad de esas instituciones y esto lo pueden hacer pidiendo informes de bancos, revisando libros. La ley les da todas las facultades. El segundo control que tienen son las asambleas, que son las que aprueban o no los balances y esos balances van firmados por un contador público que al mismo tiempo que lo firma tiene que hacer una auditoría externa. Es decir que hay muchas responsabilidades, muchos controles de las propias instituciones, de sus propios órganos porque no nos olvidemos que son instituciones del ámbito privado, el Estado hace una fiscalización pública que tiene que ver con la institucionalidad, con que se efectúen las asambleas regularmente, que se presenten los balances y en definitiva no controla gestión sino la formalidad y el cumplimiento de estas obligaciones. Eso hay que aclararlo porque por ahí se presta confusión y parecería que se trata de organismos del Estado y no lo son.

 

¿La responsabilidad del Estado es fiscalizar, entonces?

Fiscalizar el cumplimiento institucional de los reglamentos, de las leyes y cuando se advierte una irregularidad sumariar, aplicar sanciones como multas, apercibimientos y cuando hay irregularidades denunciar a los organismos correspondientes.

Una de las críticas del artículo dice que desde el Inaes se dice que no se tiene poder de policía. Según la Subsecretaría, quién debería tenerlo?

El poder de policía significa la posibilidad de controlar de hecho y emanaciones de la propia ley. Vuelvo a insistir, la ley establece las responsabilidades que tiene cada uno de los órganos de cooperativas y mutuales como del Estado que tiene que controlar el cumplimiento de esas obligaciones  y la posibilidad de aplicar sanciones. Es decir que dentro de las sanciones, previo a un sumario que se realiza otorgando el derecho de defensa a las instituciones. Es decir todo esto se hace y cuando uno menciona conceptualmente que todo se hace mal, yo creo que hay que estudiarlo un poco más profundamente, conocer acabadamente un poco más la legislación, delimitar cuáles son las responsabilidades de la propia institución y del propio estado y después sí emitir un juicio de valor. Si nosotros englobamos tres o cuatro casos puntuales y generalizamos a través de los mismos terminamos por castigar un concepto que tiene un objetivo muy noble  que es la posibilidad que el esfuerzo propio y la ayuda mutua logren objetivos para el beneficio de toda una comunidad. Entonces, cuando uno repasa la cantidad de instituciones cooperativas y mutuales que tenemos, que cumplen un rol fundamental en la sociedad creo yo, doctrinariamente hablando, como decía Juan Pablo II: la economía social es la esperanza de los pueblos de América Latina.

Por eso yo creo que más que criticar un artículo, hay que resaltar lo positivo y respetar lo que se dice negativamente porque todos tenemos derecho a expresarlo. Pero creo que estudiándolo en profundidad, más que las responsabilidades que le competen al sector como a las políticas públicas, hay que decir lo bueno porque la mirada tiene que ser con un sentido esperanzador. Las instituciones responden a un objetivo que es mejorar la calidad de vida de la gente y si por ahí exaltamos lo negativo esto no lo vamos a ver. Los errores o delitos que se comentan debe investigarlos la Justicia, nosotros debemos advertirlos y de hecho se hace. El sector cooperativo es muy importante tanto que, vuelvo a insistir, hay comunidades que si no existieran estas instituciones no tendrían servicios prácticamente.

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