Aguad destacó que el texto del proyecto está prácticamente "listo" aunque podría abrirse una nueva ronda de consultas a través de la web, para incorporar nuevos elementos. De esa forma, el funcionario confirmó que el Gobierno esperará hasta los comicios de octubre para que la iniciativa que reemplazará a leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital llegue al Congreso. En septiembre pasado, la Comisión Redactora del proyecto había dado a conocer una plataforma digital para que puedan sumarse propuestas y sugerencias para la redacción de la nueva Ley de Comunicaciones. La plataforma llamada #SumáTuAporte apuntaba a que los ciudadanos enviaran su visión acerca de algún aspecto relevante de la nueva ley que se encuentra en proceso de elaboración. La Comisión Redactora realizó reuniones con académicos, expertos y representantes de la sociedad civil donde recogió aportes de cara a la nueva norma, algo que había sido previsto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri a poco de asumir, que modificó aspectos clave de ambas normas y disolvió las autoridades de aplicación. El secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio, Héctor Huici, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el especialista Henoch Aguiar, el escritor Santiago Kovadloff, los directores del Enacom Alejandro Pereyra y Silvana Giudici trabajaron en la comisión para elaborar el proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 y 27.078, esto es, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Argentina Digital. Según se indicó en el Boletín Oficial, la nueva ley deberá "garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a la información, fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, avanzar hacia la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles, garantizar la seguridad jurídica para fomentar las inversiones en las infraestructuras, evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos y garantizar los derechos de los usuarios y consumidores".
