ACUSADOS DE ROBO EN CORPICO FUERON BENEFICIADOS CON UNA 'PROBATION”

11-06-2015

El Tribunal que preside Losi otorgó este martes 9 el beneficio de suspensión del juicio a prueba por el robo de cajas fuertes a la cooperativa de servicios públicos piquense ocurrido en 2012.

Los acusados son Roberto Sosa, Carlos y Gastón Fernández (padre e hijo), Santiago Romano y Samuel Arellano. Este último cumple condena por otro robo por lo que no fue beneficiado con la probation.

La sentencia, redactada por Losi, remarcó las posibilidades acotadas del Tribunal una vez que la fiscal Ivana Hernández determinó impulsar la suspensión de juicio a prueba. Pero también observó la “falta de correspondencia entre las expectativas que se generan durante las investigaciones y los resultados que efectivamente se logran”, recomendándole a futuro al Ministerio Público fiscal “adelantar” la salida alternativa, que en este caso se concretó a tres años de iniciada la investigación y en las puertas del juicio oral.

Entre los fundamentos, el juez esgrime que se dan los elementos necesarios para acceder a la solicitud de los defensores, entre éstos la falta de antecedentes penales de los imputados. Destaca también que la fiscal del caso acompañó el pedido de los abogados de suspender el juicio, lo que resulta “un elemento vital en este tipo de supuestos”. También agrega que los acusados han ofrecido reparar el daño en la medida de sus posibilidades y someterse a las reglas de conducta”.

En el fallo, el Tribunal reconoce el pedido del abogado querellante, Ezequiel Marquesoni, de la necesidad del juicio oral para descubrir la verdad del caso, donde el damnificado es una entidad sin fines de lucro. Pero aclara que esta “evaluación” corresponde al Ministerio Público que en este caso pidió gestionar una “salida alternativa”.

Carlos Rolero (Corpico)

“Siento frustración e indignación”

Carlos Rolero, titular del Consejo de Administración de la Cooperativa Regional de Electricidad (Corpico) manifestó que siente un "alto grado de frustración, pero también de indignación y de bronca contenida" por el resultado que tuvo la causa judicial.

Además reconoció que un grupo de asociados iniciaría la presentación para la conformación de un jury contra la fiscala Ivana Hernández.

Rolero calificó de "ridículas" a las reparaciones económicas de entre 4.000 y 5.000 pesos a pagar en cuotas y el compromiso de realizar trabajo comunitario que ofrecieron los defensores de los imputados.

Desde la fiscalía de Hernández se esgrimieron distintas excusas durante todo el proceso, explicó Rolero al diario La Arena pero "los problemas que tenga la estructura judicial para hacerse cargo de cada una de las causas, no es algo que nosotros tengamos que resolver”

Por su parte, la secretaria de Corpico la abogada Marina Vanini agregó que en este caso, "se afectó el patrimonio de la sociedad", puesto que el robo fue a la cooperativa, cuyos "dueños son los habitantes de Pico". "La Justicia tiene esta deuda pendiente, estaba la posibilidad de abrir el debate en el ámbito que correspondía, y no se lo hizo", concluyó.

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