Legisladores y legisladoras de la Cámara baja presentaron el proyecto de ley llamado: Actualización del marco regulatorio de servicios TIC “Argentina Digital”.
La iniciativa, que lleva la firma de diez diputados del oficialismo, busca “desjudicializar” a un sector de las telcos que mediante amparos judiciales ha sorteado la regulación de precios que fija el DNU 690.
La iniciativa que encabeza el presidente de la Comisión de Comunicaciones de Diputados, el cordobés Pablo Carro, retoma la ley Argentina Digital (Nº 27.078) aprobada en 2014, que fue en parte derogada por el DNU 267 de la administración de Macri en 2015.
El proyecto que actualiza el marco regulatorio de los servicios TIC sostiene declaración de “interés público” garantizando el acceso de todas las personas a estas prestaciones.
En la nueva propuesta se mantiene el “carácter de servicio público en competencia” de los servicios de telefonía, televisión e internet
En cuanto a la regulación tarifaria, se establece que sean los licenciatarios quienes fijen los precios “los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. Pero también señala que en el artículo 4 que “las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta”. De esta manera introduce la palabra “podrán” en lugar de “serán”, como lo estableció el DNU 690.
También establece que será la autoridad de aplicación quien reglamente una Prestación Básica Universal (PBU) obligatoria.
Además, contempla que el Enacom monitoreará mensualmente “los precios y tarifas de los principales servicios de comunicación” a partir de una Canasta básica de estos servicios.
El articulado propuesto por los legisladores y legisladoras también menciona el resguardo de las asimetrías entre prestadores para garantizar a prestadores locales y el establecimiento de incentivos para el despliegue de infraestructura, entre otros puntos.
