Luego de dos años, finalmente en diciembre la Unicameral aprobó la plena vigencia de la ley 10.281 de Seguridad Eléctrica en la provincia de Córdoba, dejando de lado la prórroga que se venía sosteniendo para inmuebles, lugares y locales de acceso público, sean estos interiores o exteriores, de carácter público o privado. En 2019 se fijó un plazo de dos años para posibilitar el acondicionamiento de esas instalaciones y espacios conforme a la ley ahora vigente.
Consultamos a Miguel Morillo, asesor del sector cooperativo en temas de energía eléctrica, para conocer cuáles son las preocupaciones que tienen las entidades que distribuyen energía en el territorio provincial en relación a la normativa.
Según Morillo, vienen dialogando con el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) para aclarar algunos puntos que “están poco claros, como, por ejemplo, las instalaciones en la vía pública, los espacios de acceso público como hospitales, cines, bares o teatros donde hoy la ley obliga a certificar a través de un profesional que diga que esa instalación es segura. Hoy eso por cuestiones de costos y técnicamente es prácticamente imposible de cumplir”.
Las conexiones residenciales nuevas vienen siendo certificadas y ahora quedan las ampliaciones y las viejas. "Ahora ante el retiro de un medidor, la ley exige que hay que certificar las conexiones",
“La ley obliga al dueño del servicio a certificar, no obstante, quienes tienen contratos de concesión son corresponsables como el caso de las cooperativas en el alumbrado público”, describe el especialista.
Para Miguel Morillo, uno de los problemas centrales es que no hay claridad en cómo debe realizarse la certificación, es decir, no hay detalles donde se explique aquello que se debe evaluar como peligroso o no en un artefacto en la vía pública. El otro punto es el control de estas certificaciones, agrega. Por último, y también de gran peso, es el costo que esto trae a los titulares de los servicios. “Debe haber claridad en las premisas y financiamiento para eso”, enfatizó.
En las reuniones que el sector cooperativo viene manteniendo con el ente, “también buscamos que el Ersep nos diga que hacemos con aquellas instituciones que no se registran y no se adecuan a la ley”, señaló Miguel Morillo.
La ley de Seguridad Eléctrica era un paso necesario para normar las instalaciones eléctricas en la provincia y evitar tragedias, como la muerte de Juan Aciar (13) que en 2009 fue víctima de electrocución en la vía pública. La historia de Juan y la lucha de su familia dieron nacimiento a la Fundación Relevando Peligros, que impulsó la ley.
