Por Osvaldo Aguirre

Mapa del delito | Cuando las víctimas se convierten en victimarios

Desde el caso del ingeniero Horacio Santos hasta el del médico Lino Villar Cataldo, los episodios de “justicia por mano propia” conmueven a la sociedad argentina. Un fenómeno que reaviva la discusión en torno a los problemas de la seguridad pública. 

Osvaldo Aguirre | Escritor y periodista

 

“Y no tendrás piedad: vida por vida, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie”. El Deuteronomio, uno de los libros del Antiguo Testamento, formula con esas palabras lo que se conoce como Ley del Talión, un principio de reparación donde el castigo repetía el crimen cometido. Por mucho que el sentido de la administración de justicia se haya desarrollado a través de la moral, la ética y el Derecho, aquella concepción primitiva permanece latente y, como muestra la historia argentina reciente, se activa en períodos de crisis e incertidumbre social.

La “justicia por mano propia”, como se llama a los crímenes cometidos en nombre de una Justicia que supuestamente no responde, evoca la antigua Ley del Talión. Desde el ingeniero Horacio Santos al médico Lino Villar Cataldo, sus ejecutores se convirtieron en figuras públicas y movilizaron reclamos a la clase política, donde las demandas legítimas de seguridad se confundieron con expresiones autoritarias.

El caso Santos marcó el ingresó del término “justiciero” al lenguaje cotidiano. Y mostró el modo en que la representación de los delitos, las interpretaciones que se construían a través de los medios masivos, tenían efectos en términos políticos y justificaban decisiones en áreas en principio tan distantes como la economía.

El 16 de junio de 1990, en Villa Devoto, Santos mató a Osvaldo Daniel Aguirre y Carlos González después de que le robaran el estéreo de su Renault Fuego. El ingeniero, entonces de 42 años, se había entrenado en el uso de armas y persiguió 20 cuadras a los ladrones, que estaban desarmados.

Osvaldo Daniel Aguirre y Carlos González

 

Santos se convirtió en el centro de una campaña impulsada por el periodista Bernardo Neustadt, a la que se sumaron dirigentes políticos y personalidades públicas. El entonces presidente Carlos Menem avaló tácitamente su reacción: “Yo no sé cómo habría obrado en una situación similar. Habría que estar adentro de su piel”.

Neustadt fue más explícito. En un artículo titulado “¡Yo hubiera hecho lo mismo!" definió a Santos como “un líder social que había hecho lo que millones de argentinos en algún momento pensaron hacer” y lo justificó por “el hartazgo de ver tanta impunidad”.

Lo revelador del episodio no son los detalles del hecho en sí, sino el modo en que registró, tempranamente, los efectos sociales del programa neoliberal. Hijo de un suboficial de bomberos, Santos había completado sus estudios con sacrificio y formado una familia con una arquitecta, también de origen modesto, y cuatro hijos. El ingeniero representaba en el imaginario de la época los valores de esfuerzo y superación de la clase media, y también sus oscuros temores; Aguirre y González, changarines desocupados, con antecedentes policiales menores, hacían presentes a los que comenzaban a quedar en los márgenes de la sociedad, expulsados por las transformaciones de la economía.

El “justiciero” era una figura que ponía en cuestión el estado de la seguridad y el funcionamiento de la Justicia. La demanda de mayor severidad en las leyes no era nueva, ya que se puede seguir a lo largo del siglo 20 como reacción ante hechos que conmovieron a la opinión pública, pero se inscribía en un contexto específico: la fragmentación social y territorial de la población como efecto de la flexibilidad laboral, la desocupación y el empobrecimiento generalizado de la población. Fue Menem el que expuso la instrumentación política de las cuestiones de seguridad: si no había presupuesto para la Policía, argumentó, era porque las empresas del Estado resultaban deficitarias y en consecuencia había que privatizarlas.

El debate se concentró en los límites de la legítima defensa y en la imputabilidad del ingeniero, que según sus defensores había actuado bajo emoción violenta, después de que le robaran el estéreo una docena de veces. Poco después, los mismos voceros periodísticos, judiciales y políticos que lo ungieron como modelo comenzaron otra campaña, esta vez en defensa del subcomisario Luis Abelardo Patti, detenido el 2 de octubre de 1990 por apremios ilegales a dos detenidos por un robo en Pilar. “Hizo todo bien”, declaró Menem sobre el policía que supuestamente encarnaba la mano dura ante el delito y terminó condenado por crímenes de lesa humanidad.

Pese al apoyo que recibía, ratificado por encuestas del momento, Santos nunca accedió a la prensa. Mientras se sometía a un largo proceso judicial, que concluyó con su absolución, prefirió llegar a un acuerdo con los familiares de las víctimas, a quienes resarció con un departamento y dinero. Y no volvió a usar armas.

 

En banda

En los relatos periodísticos, el “justiciero” es aquel que reacciona ante un orden injusto, un abuso, algo que lo indigna y lo lleva a la acción ante la ausencia del Estado. Pero la chispa puede ser más amplia e involucrar a grupos de personas, como ocurrió en una serie de casos registrados en distintos puntos del país.

La “justicia por mano propia” configura en esa versión una especie de movimiento donde se asocian gestos de la pueblada -la reacción espontánea de un grupo social- con prácticas de barbarie, como el linchamiento. La cobertura mediática -por ejemplo, el “acompañamiento” que hacen algunos canales de noticias de los vecinos que salen a la caza de presuntos delincuentes o destruyen sus bienes y viviendas- suele funcionar como un estímulo y a la vez una legitimación de esas acciones.

Una característica de esos casos es la desproporción entre los delitos y el castigo: robos que no se llegan a producir, arrebatos de carteras y hurtos de teléfonos celulares pueden derivar en la ejecución callejera de los presuntos responsables. Otra es que la participación grupal diluye las responsabilidades: no hay a quién acusar.

El linchamiento de David Moreira expuso el grado de violencia con que se consuman estos homicidios. El 22 de marzo de 2014 una turba de vecinos del barrio Azcuénaga, en la zona oeste de Rosario, lo atacó después de que intentara robarle el celular a una mujer embarazada. Un video que todavía puede verse en la web muestra que el joven, de 18 años, había sido reducido y estaba en el piso, sin reacción, cuando al menos dos hombres empezaron a darle patadas en la cabeza.

Moreira murió unos días después. La brutalidad del caso fue replicada por comentarios en las redes sociales que justificaban el asesinato, tildaban de “zurdos” a quienes denunciaban el hecho y exhortaban a mantener silencio ante las averiguaciones de la Justicia.

El 13 de agosto, el fiscal Florentino Malaponte, pidió seis años de prisión para tres hombres partícipes del crimen, bajo el cargo de homicidio en riña. Basta ver el video, sin embargo, para comprobar que la pelea no existió.

La situación se repitió en la tarde del 11 de junio de 2015, cuando José Luis Díaz y Claudio Domínguez intentaron robar el celular de un adolescente en el barrio Quebrada de las Rosas, en la ciudad de Córdoba. Los ladrones llevaban una pistola de juguete, y como el adolescente se resistió comenzaron un forcejeo.

Un grupo de vecinos rodeó a Díaz mientras Domínguez alcanzó a escapar. Entre 15 y 20 personas se reunieron para pegarle mientras estaba en el piso y después lo ataron a un poste para continuar con los golpes. Díaz murió el 24 de junio. Como en el caso de Moreira, la Policía se encontró con una especie de pacto de silencio en la investigación del episodio. Nadie parecía saber nada en el barrio. Finalmente fueron identificados tres vecinos como parte de los agresores.

La pena de muerte fue también el castigo que recibió Cristian Cortez, de 18 años, por intentar el robo de un celular en la localidad de Rawson, en la provincia de San Juan.

Cortez fue atacado por un grupo de jóvenes y adolescentes, pero no perdió la conciencia. Llegó a declarar sus datos en la comisaría local, donde lo llevó la policía, pero enseguida se descompuso y, tras entrar en coma, murió el 16 de marzo de este año.

“Esto no es legítima defensa, es una salvajada, pidamos justicia siempre pero la violencia nunca se puede terminar con más violencia”, declaro Carolina Píparo en Twitter.

Porque no se trataba ni siquiera de la Ley del Talión. La violencia de la “justicia” superaba a la del delito.

 

Familiares de David Moreira

En horario central

 El 18 de octubre de 2017 un grupo de vecinos del barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Santa Fe, acusó a Fabio Santiago Borda de violar a una adolescente de 14 años. Sin más trámite incendiaron la casa del sospechoso y lo apalearon en la calle.

Borda, un vendedor ambulante de 57 años, falleció una semana después en el hospital José María Cullen. Los vecinos se basaron en la denuncia de la víctima, pero no dieron tiempo a la actuación de la Justicia. La causa fue archivada ante la muerte del hombre.

“Fue terrible lo que le pasó a la nena y terrible que se siga haciendo justicia por mano propia. Entiendo que la gente se puede enojar pero nada justifica la muerte de alguien”, dijo la fiscal Alejandra Del Río Ayala.

El 25 de abril de 2018 otro linchamiento alteró la vida cotidiana en la localidad bonaerense de José C. Paz. Vecinos del barrio Favaloro mataron a golpes a un hombre identificado como Ricardo Martínez,  acusado de violar a su propia hija, de 14 años.

El cuadro estremecedor del hombre moribundo, rodeado por una turba que celebra su muerte y lo insulta, circuló en la web a través de un sitio de noticias relacionado con la policía bonaerense con una leyenda que justificaba el asesinato.

Si esos crímenes involucran a sectores marginales de la sociedad, el del  médico Villar Cataldo ingresó al horario central de la televisión. El contrapunto entre los protagonistas, convertidos en arquetipos de valores opuestos, volvió a configurar un motivo central en el relato del hecho, como ocurrió con el ingeniero Santos, y el periodismo cumplió de nuevo un rol determinante desde el momento en que el médico apareció en el programa de Alejandro Fantino con un hematoma en la cara y contó su historia personal y los esfuerzos con que llegó a concluir sus estudios universitarios.

Pero esa fue también una de las diferencias entre ambos casos: mientras el ingeniero rehuyó el asedio del periodismo, el médico recorrió los principales programas de la televisión abierta, incluyendo los almuerzos de Mirtha Legrand. El impacto que provocaban sus declaraciones y su historia de vida -había salvado los libros de medicina de un incendio en la humilde casa de los padres- se inscribió en la línea que había inaugurado Juan Carlos Blumberg: la víctima de un delito erigida en portavoz de reclamos.

Pero la versión de Villar Cataldo tenía sus fisuras. La investigación judicial comprobó que los hechos no habían ocurrido tal como el médico los contaba, en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de Loma Hermosa, el 26 de agosto de 2016. Según la fiscal Mayko, Villar Cataldo le disparó cuatro tiros a Ricardo Krabler cuando estaba desarmado y no había riesgo para su vida.

La discusión se reavivó el 25 de septiembre, cuando el carnicero Daniel Oyarzún persiguió a un ladrón en la ciudad de Zárate, lo atropelló con su auto y lo mató. Desde el presidente de la Nación hasta el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, hubo entonces declaraciones de apoyo hacia las reacciones contra los delincuentes. “La víctima es el médico”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Ese es el sentido último que parece jugarse actualmente en algunas discusiones sobre la seguridad pública y en particular en la “justicia por mano propia”: la definición de quiénes son las víctimas del delito. La estigmatización de la defensa de los derechos humanos -como una defensa “de los delincuentes”- y la demonización del respeto a garantías constitucionales -bajo la etiqueta del “garantismo”- son presupuestos de un orden represivo donde ciertas personas y sectores pueden representarse como víctimas, a diferencia de otros a los que se niegan los derechos básicos. Hasta el derecho a la vida.