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“Buscamos soluciones en conjunto para no poner en riesgo los servicios”

 

El dirigente cooperativo Luis Castillo habló sobre la situación general de las cooperativas de servicios públicos. Adelantó que esperan un aval para garantizar la apertura de las cajas.

 

El actual titular de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Conaice), Luis Castillo, transita el aislamiento en Oncativo, en  la provincia de Córdoba. En esa localidad también preside la cooperativa de servicios públicos y es el principal referente de la federación provincial Fecescor.

Habituados a los viajes y a las encuentros, en tiempos de pandemia la dirigencia cooperativa ha tenido que acostumbrarse a las reuniones virtuales. Esto no es obstáculo para seguir abordando los problemas que hoy afronta el sector y las posibles alternativas para garantizar la prestación de los servicios esenciales.

Tanto Conaice como la Federación Argentina de Cooperativa Eléctricas (Face), que preside José Álvarez, llevan adelante los pedidos sectoriales al ámbito nacional para transitar la crisis que hoy vive el sector.

Una de las principales preocupaciones pasa hoy por la necesidad de abrir las oficinas comerciales de las cooperativas para habilitar los pagos en efectivo. En muchas localidades donde las cooperativas dan servicio no hay bancos ni otras bocas de cobro más que las cajas de las cooperativas, vienen sosteniendo los dirigentes. La calidad de los servicios no se garantiza únicamente atendiendo emergencias sino que también “necesitamos recaudar,  medir consumos, enviar facturas y adquirir insumos básicos”, señaló la multisectorial integrada en la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas.

 

 

Al día de hoy, cooperativas de distintas provincias han dispuesto la apertura de las oficinas comerciales, pero “estamos en una zona gris”, aclara Castillo en diálogo con Colsecor Notiicas. “En Córdoba particularmente hemos tenido algunas denuncias a pesar de la autorización emitida por el propio Inaes. No queremos exponer a la dirigencia a riesgo de denuncias penales. Por eso, pedimos una resolución del Ersep, en el caso de Córdoba, que interprete la decisión del Inaes”, señaló el titular de la Conaice. 

 

 

“Ayer (martes) le planteamos el tema a Mario Cafiero, titular del Inaes, quien participó de la reunión de la Comisión de Cooperativas y Mutuales de Diputados”.

Castillo confirmó que el lunes 13, la Mesa envió una nota al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, planteando la situación de coyuntura que atraviesan las cooperativas y solicitando una audiencia, bajo las modalidades que hoy permite el aislamiento, para lograr algunas soluciones.

Además de solicitar mayores precisiones en lo que refiere a la apertura de las cajas para garantizar el cobro de los servicios, se reiteró el pedido, elevado previamente a otros organismos, que remite a la suspensión de pagos a Cammesa por parte de las cooperativas que le compran energía en el mercado mayorista.   

“En lo que hace a Córdoba, hemos estado en diálogo con la empresa provincial (Epec) por el pago de las facturas de las cooperativas. Estamos evaluando el nivel de cobranza pero ya te puedo decir que es muy bajo. En lo que va de abril es del 20%, sumando al 50 % acumulado del mes de marzo”, explicó Luis Castillo quien también preside la integración cordobesa Fecescor.

“Entendemos que hay que acompañar y poner entre  todos la mayor voluntad para que ningún sector se sobrecargue y quede desfinanciado en esta situación que, más allá del tema salud, en lo económico va a tener sus consecuencias y va a llevar un tiempo para acomodarse más prolongado de lo que estamos viendo”.

Otro de los puntos detallados en el pedido de audiencia al Jefe de Gabinete está relacionado con el decreto 311/2020 que suspende cortes de servicios por falta de pago.  “Pedimos identificar claramente a los beneficiarios de esta medida, que no alcanza a todos, y también solicitamos conocer cómo van a acompañar financieramente a las cooperativas que no van a poder afrontar esta situación por 180 días como fija el decreto”.

Entendemos que las soluciones se deben buscar conjuntamente pero es necesario comprender que “está en riesgo la prestación de los servicios si no se toman ciertas definiciones”, concluyó Luis Castillo.