Córdoba

“El servicio de agua debe regularse con una mirada técnica, no política”

Hoya, Gianandrea (Fecescor) y Mancino (Face Córdoba)

Los cooperativistas del interior coincidieron a la hora de evaluar la normativa vigente.

 

En Córdoba, la prestación del servicio de agua se descentralizó hace más de dos décadas, cuando el Estado provincial les dio a los municipios que quisieran tomar a su cargo la tarea la oportunidad de hacerlo. La mayoría de las comunas optó por celebrar contratos de concesión con empresas cooperativas, que -luego de planificar y concretar enormes inversiones- asumieron el doble rol de usuarias y proveedoras. 

Para interiorizarse en las problemáticas y desafíos que enfrenta el sector -en especial, por los costos y los aumentos de tarifas- Valor+ dialogó con Raúl Hoya que preside la Cooperativa de Agua, Obras y Servicios Públicos de Unquillo-Mendiolaza, con Víctor Gianandrea que es titular de la Cooperativa de Agua Potable, Otros Servicios Públicos y Vivienda de Villa Nueva y Roberto Mancino dirige la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Los tres son dirigentes de las federaciones Fecescor ( Hoya y Gianandrea) y Face Córdoba (Manciono). 

Aunque enfrentan desafíos distintos en sus ciudades, hubo coincidencia entre los entrevistados a la hora de señalar que lo óptimo sería que la regulación del servicio quede en cabeza de los municipios; ello así, porque son instituciones de la comunidad, al igual que las cooperativas, y el mejor escenario es del trabajo en conjunto, para potenciarse en la tarea de diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos. No obstante, precisaron que esa modalidad colaborativa a veces no se logra, entre otras cosas, por cuestiones políticas y por las particularidades de cada localidad. Superposición normativa En tanto, apuntaron a la superposición de regulaciones -que se agudiza en las ciudades que están cerca de la capital, ya que por una razón geográfica el Ersep tiene la posibilidad de llevar a cabo mayores controles- como uno de los factores que complican el funcionamiento de sus empresas.

En ese sentido, explicaron que la coexistencia de normas genera vacíos y áreas grises, que se traducen en conflictos a la hora de definir tarifas, cargos de infraestructura y calidades de servicio. “Es normal que los municipios tengan una participación poco activa en términos de control del servicio, porque existe confianza mutua entre las instituciones”, subrayó Hoya, e indicó que cuando el Ersep interviene en el desarrollo de la actividad y requiere soluciones, respuestas e inversiones no toma en cuenta los términos y exigencias de los contratos de concesión ni el impacto de sus planteos en el plano tarifario. Así, el cooperativista de Unquillo explicó que el Ersep tiene facultades de contralor por sobre el titular del servicio, que fijó condiciones que no necesariamente están en línea con las pautas que el ente pretende aplicar. Hoya, Gianandrea y Mancino aclararon que el sector no pone en tela de juicio lo relacionado con los análisis de calidad y destacaron que las cooperativas le dan suma importancia a esa variable, por la simple razón de que también son usuarias y porque, en función de su tipo de organización, trabajan teniendo en mira el bienestar de las poblaciones que integran. Con respecto a las tarifas, hicieron hincapié en que las estructuras de costos de explotación son diversas para cada compañía, ya que se relacionan con las características de las zonas a las que proveen, con sus fuentes de abastecimiento y otros factores. De esa manera, sostuvieron que las regulaciones, por sí mismas, son buenas, pero puntualizaron que cuando deben definirse aumentos con los órganos deliberativos, en audiencias públicas, las motivaciones políticas interfieren mientras se analizan las medidas propuestas, y que los representantes suelen dejar de lado la información los cálculos y los argumentos técnicos. Partiendo de la base de que lo lógico es que las reglas de la prestación las imponga cada comuna, estimaron que el Ersep debería  limitarse a ejercer un control de tipo ”macro” y estandarizar la normativa vigente. 

Bajo esa premisa, propiciaron que dicte normas básicas de funcionamiento, para que los municipios las adopten como parámetros mínimos a cumplir dentro de lo que establecen las cláusulas de sus respectivos contratos de concesión, a fin de que cada titular pueda gestionar el servicio teniendo en cuenta tanto las notas típicas de su sector como sus necesidades y prioridades. En ese contexto, recordaron que las federaciones hicieron un trabajo conjunto con el Estado provincial para actualizar la normativa vigente, que aportaron mucha información y experiencia, y que siguen aguardando novedades. Los directivos manifestaron que toda la regulación y, por ende, el tema tarifario, que es el más sensible, debería enfocarse con una mirada técnica, no política. Paralelamente, reiteraron que el modelo cooperativo se basa en la relación de cercanía con los usuarios y que, por ese motivo, lo último que busca es que la prestación se encarezca. Sin embargo, hicieron hincapié en que la metodología de cálculo no puede quedar sujeta a la voluntad política de los concejales, ya que al abordar las discusiones hay que tener en mira los numerosos elementos que afectan los precios, como el valor del combustible y las inversiones que deben hacer las empresas.

  

Las gestiones en marcha por el saneamiento

Otra inquietud que manifestaron Hoya, Gianandrea y Mancino se relaciona con el saneamiento. Todos resaltaron que hay gran compromiso en la materia por parte de las cooperativas. Concretamente, Mancino alertó sobre el hecho de que “las plantas envejecen rápidamente y que necesitan auxilios de la Nación y de la Provincia”. Cabe recordar que el Consejo Asesor de Políticas sobre Agua Potable y Desagües Cloacales, creado por la resolución 157/2015 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, está realizando una importante tarea de actualización de la normativa que regula los servicios públicos de suministro de agua potable y desagües cloacales.

 

Propuestas

Fecescor y Face Córdoba, como representantes de las cooperativas de servicios públicos, fueron convocadas para participar del trabajo, y desde hace varios meses elaboran propuestas para la confección del anteproyecto de reforma del régimen legal vigente. Entre los aportes que realizaron para armonizar la legislación pueden destacarse los siguientes: -Unificación del sistema en lo que se refiere a condiciones de concesión, impulsando la rúbrica de títulos habilitantes y suprimiendo los permisos precarios. -Ante la diversidad de controles, redefinir los roles institucionales, para evitarlas competencias superpuestas entre la Provincia, los municipios y el ente regulador. -Establecer mecanismos regulatorios de revisiones tarifarias, verificables en forma periódica o ante la variación porcentual de precios, destinados a afrontar los costos de operación y las inversiones de mantenimiento correctivo y preventivo, para permitir el cumplimiento de las metas contractuales. -Propender a la extensión de los plazos de concesión del servicio, actualmente limitados a 15 años. -Definir normas en defensa de la institucionalidad de la prestación por encima del interés político circunstancial.

 

 

Fuente Valor + (Comercio y Justicia)